El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, se sumó a la exigencia de que se agilice el regreso a México del ambientalista Gustavo Castro Soto, director de la agrupación civil Otros Mundos, pues “lo fundamental es su protección”.
En rueda de prensa añadió que “estamos esperando que se den todas las facilidades para que Gustavo regrese al país y que los juicios que se tengan que hacer en Honduras tengan sus propios procedimientos”.
Añadió: “Sí nos preocupa que esté allá porque no sabemos en qué condiciones pudiera desarrollarse el juicio. Todas las instancias del Gobierno mexicano y de la sociedad civil están empeñadas en que se le proporcione la seguridad y la facilidad de que pueda trasladarse a México”.
Señaló que “todo lo que sea luchar por los derechos humanos y por el bien de las comunidades, sobre todo indígenas, lo apoyaremos en todo momento”.
Dijo que lo ideal es que “las cuestiones jurídicas o penales que pudiera haberse puedan resolver conforme a derecho, pero qué mejor que desde aquí él pueda seguir colaborando en lo que allá se requiera. Es decir, lo que se requiere es la protección fundamentalmente para él”.
“nos sumamos al llamado para que se agilice su regreso, no sólo por él, sino por cualquier persona, principalmente porque es un caso un poco complicado”.
Por separado, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a diversos pueblos y comunidades indígenas tzotziles, tseltales y choles de 12 municipios de Chiapas, demandó a los presidentes de México y Honduras, Enrique Peña Nieto y Juan Orlando Hernández, que “apresuren las diligencias que permitan el regreso a casa” de Gustavo Castro Soto.
En una carta se expresó que “si Gustavo fue testigo del asesinato de la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Berta Cáceres y ha colaborado para que se encuentre a los responsables, no entendemos por qué se encuentra retenido de manera injusta” por el gobierno de Honduras.
“Nosotros, indígenas de Chiapas, queremos decir que es responsabilidad de los gobiernos mexicano y hondureño garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Gustavo Castro”, agregó.
La agrupación manifestó su preocupación porque “no se estén respetando sus derechos humanos y se esté poniendo en riesgo la vida” del ambientalista, que radica en San Cristóbal de Las Casas.
El Modevite señaló que “conocemos el trabajo honesto de Gustavo Castro a favor de la defensa de nuestros territorios y por ello denunciamos estas acciones del gobierno hondureño”.
