La lucha que México libra contra la inseguridad se caracteriza, además de su crudeza, por la opacidad. De cada diez delitos que se cometen en el país, sólo uno es denunciado, y de ese 10 por ciento, únicamente la cuarta parte culmina en una resolución judicial. ¿Cómo combatir estas deficiencias? Con políticas públicas basadas en diagnósticos que, a su vez, se sustenten en datos y análisis objetivos. Por eso es importante que esas políticas de seguridad se construyan con base en los datos y las interpretaciones de la sociedad civil.
Es de conocimiento común que las procuradurías en México presenten a los medios de comunicación supuestos delincuentes que, tras ser exhibidos ante las cámaras, son liberados porque se les detuvo sin contar con los elementos suficientes para demostrar su culpabilidad o siquiera la presunción de culpa.
Para confiar en esas y otras acciones de la autoridad, se requiere información de varias fuentes que sustenten la eficacia de las medidas. Organizaciones civiles, instancias internacionales, expertos en la materia. Si los gobiernos admiten únicamente información de su autoría, no sólo impiden los consensos en torno a sus actividades, sino que las convierten en sospechosas de manipulación. De ahí que haya sido tan mal recibida la decisión de que no sea más el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad el que provea de investigación y evaluación al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Mientras en el resto del mundo los observadores ciudadanos tienden a ganar más espacios de responsabilidad, resulta desalentador que, en México, el gobierno federal haya decidido que sólo el INEGI puede hacerse cargo de proveer información a las autoridades en materia de seguridad. Dicho instituto, por mayor que sea su profesionalismo, está subordinado al Poder Ejecutivo y, por tanto, su objetividad queda en entredicho.
¿Acaso la intención es ocultar datos inconvenientes para la imagen de los gobiernos federal y estatales? Para evitar estas suspicacias -y para elaborar políticas públicas mejor sustentadas, con variedad de puntos de vista- es indispensable integrar a instancias dedicadas a la investigación sobre temas de seguridad como el Insyde, el ICESI, Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), México Unido Contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana, entre otras.
Urge que el presidente Calderón aclare si la intención es ignorar a las voces críticas que pudieran provenir de la sociedad civil, lo cual iría en contra del diálogo que a últimas fechas tanto ha solicitado (El Universal).
