En Chiapas, unos dos mil 91 sindicatos registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estarán bajo las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia a las cuales tendrán que someterse el próximo 5 de mayo, cuando entre en vigor la armonización nacional.
Así lo informó la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ana Elisa López Coello, al tiempo de confirmar que el proceso de depuración de esos sindicatos ha comenzado para llegar a la fecha límite del 5 de mayo, con un padrón exacto de los sujetos obligados por la nueva Ley General de Transparencia.
Y es que los sindicatos en Chiapas –como en México- tendrán que explicar el origen y destino de los recursos públicos que ejercerán durante el período lectivo en vigor (2016) e instrumentar todo lo necesario para transparentar su actuar: en principio, disponer en un sitio web oficial toda la información pública.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), autoridad donde se lleva registro de las organizaciones sindicales, tiene para el caso de Chiapas una lista de dos mil 91 sindicatos en total, de los cuales, muchos ya no tienen directiva, han fallecido sus líderes, han sido abandonados o sólo perviven sus siglas.
Esta depuración ha comenzado en un trabajo conjunto IAIP-JLCA para que ahora que entre en vigor la Ley General de Transparencia en México, se conozca a detalle cuáles serán los sindicatos que estarán dentro del catálogo de sujetos obligados a aplicar nuevos esquemas de rendición de cuentas.
Para ello, en abril –muy probablemente— el IAIP presentará al Congreso del estado una propuesta de ley en la materia, para que sea el Legislativo local quien construya una propuesta propia que armonice con la legislación nacional y se integre como parte central de la nueva Constitución Política de Chiapas.
Cuestionada sobre los sindicatos más representativos de Chiapas, López Coello estableció que la claridad y firmeza de la Ley General de Transparencia no contempla consideraciones especiales para los sujetos obligados, particularmente los sindicatos.
Por el contrario, dijo, ahora la ley de transparencia trae consigo una serie de sanciones de diverso tipo para que aquellos sujetos obligados que no cumplan, sean acreedores de multas y apercibimientos en lo administrativo y económico.
Ello, es el siguiente paso del proceso de transparencia del ejercicio del poder público en México, donde todos los sindicatos –entre otros sujetos obligados— tendrán que rendir cuentas a todos, de cómo obtienen y cómo se gastan los recursos que, para diversos fines, son producto del pago de impuestos y representan el interés de las mayorías, acotó.
