Observan “venta de permisos” para contaminar en Chiapas

Observan “venta de permisos” para contaminar en Chiapas

Luego que la Comunidad Lacandona, el Colegio de la Frontera Sur y GreenPeace, denunciaran internacionalmente una alerta ambiental en el estado debido a la contaminación legal de hasta el 79 % de sus cuerpos de agua, producto de un acuerdo económico entre la Conagua-Chiapas y Ayuntamientos, los organismos internacionales demandan un informe público de la Conagua sobre el manejo de cuencas hídricas, al que se le suma el proyecto para construir una nueva presa en la Selva Lacandona de Chiapas.

Los líderes lacandones, Elías Chan Bor Yuc y Chanjin Chambor, el Colegio de la Frontera Sur, GreenPeace enlace Chiapas, además de organismos civiles y ambientales, demandan un informe público tanto de la Conagua como de la Semarnat, para conocer los proyectos y condiciones de los permisos otorgados en Chiapas para el manejo de las cuencas.

“Estamos trabajando con organismos internacionales (…) estamos listos para lo que venga, pero no permitiremos más abusos de la Conagua que vende permisos para contaminar, lo hemos platicado con investigadores y vamos a iniciar acciones legales y movilizaciones”, dijo el líder lacandón, Elías Chan Bor Yuc.

Además, advirtió que la observación internacional le fue informada a la comunidad, por lo que participarán de manera activa en la demanda de explicar estas irregularidades.

Normativamente, la Conagua debería obligar a los Ayuntamientos a tratar las aguas negras antes de desecharlas a los ríos del estado; sin embargo, ante los elevados costos del manejo de plantas de tratamiento, los Ayuntamientos han llegado a acuerdos con la Conagua-Chiapas para desechar estas aguas negras sin tratarlas, a cambio de permisos sancionadores, es decir, dinero.

Así lo reconoció en su momento el otrora director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Frontera Sur, Marco Antonio Parra Cota, quien antes advirtió que, por ejemplo, en el Río Grijalva, 17 municipios descargan sus drenajes a cambio de pagar una sanción económica negociada con los Ayuntamientos.

Explicó que la Conagua en Chiapas permite el desfogue de aguas negras de unos 82 municipios sobre el 79% de cuencas de agua, que después son utilizadas para consumo humano.

Oficialmente, la Conagua tiene identificados 135 puntos de descargas de aguas negras, mismos que afectan el 79% de ríos y arroyos pertenecientes a la entidad chiapaneca, donde se ven involucrados cerca de 82 municipios, sin embargo, solo recibe dinero a cambio y no sanciona o impide el acto violatorio a la Ley de Acuíferos Transfronterizos de la Comisión de Derecho Internacional, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Para exponer la versión de Conagua, se buscó tener contacto con el director del organismo de Cuenca de la Frontera Sur en Chiapas, Juan Limón; sin embargo, el área de difusión de la dependencia federal no pudo ofrecer el contacto y negó que la Conagua tenga injerencia en el plan de atención por plantas de tratamiento en Chiapas.

Esta práctica fue observada por organismos internacionales como GreenPeace, que demandan al gobierno en Chiapas exigir a la Conagua explique el status jurídico y los montos de multas por los permisos que ha otorgado a 82 Ayuntamientos en Chiapas, a quienes permite desechar aguas negras sin tratar.

En este marco, recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció la existencia de un proyecto para construir una nueva presa en el río Santo Domingo en la Selva Lacandona, por lo que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exponer un informe público donde explique de estas acciones que han despertado interés en la comunidad internacional, pues Chiapas es otorga “permisos” para contaminar sus ríos e intervenir las selvas a cambio de dinero.

Recientemente, el senador Luis Armando Melgar, tras el paso del proceso electoral, se sumó al llamado y exigió que los delegados federales ofrezcan un informe de sus acciones en Chiapas.

En este marco, es pertinente mencionar que Cuarto Poder solicitó hace prácticamente siete meses al titular del Organismo de Cuenca Frontera Sur explicar estas actividades, pero la entrevista ha sido negada en repetidas ocasiones.