Miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, aseguraron que durante este año han documentado hostigamiento y obstaculización al trabajo que realizan personas y organizaciones que acompañan y defienden los derechos humanos de personas migrantes, en ciudades de Chiapas y otros estados del país.
Comentaron que las violencias derivadas de las políticas de contención, expulsión y criminalización de las personas migrantes, aplicadas por las instituciones federales de seguridad y migración, impactan en las labores que realizan personas y organizaciones, al grado de presentarse algunas agresiones graves.
Citaron como ejemplo lo que pasa contra el Albergue “Casa Betania Santa Martha” en Salto de Agua, la Casa del Caminante “Jtatic Samuel Ruiz García” en Palenque, “Tzome Ixuk” Mujeres Organizadas en Las Margaritas y “La 72” Hogar-Refugio para personas migrantes en Tenosique.
Las organizaciones que integran el Colegio de Observación y Monitoreo han acompañado en este año a más de 70 mil mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres migrantes, con asesoría y atención integral, solicitantes de asilo y refugiados en Chiapas y Tabasco.
Señalaron que han observado también un desmantelamiento de los sistemas de protección internacional en la región, lo que se traduce en la falta de acceso a procesos de solicitud de asilo y regularización migratoria.
“Los más de ocho desplazamientos forzados colectivos que hemos visto desde Tapachula, en los últimos meses, son consecuencia directa de las políticas de migración que han creado ciudades de confinamientos en las fronteras sur y norte de México”, mencionaron.
El Colectivo de Observación afirmó que desde inicios de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) y las entidades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia, optaron por implementar de forma arbitraria la armonización de la Ley de Migración para continuar deteniendo a niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Han documentado entre 35 y 50 vuelos al mes hacia Tapachula, y entre 6 y 13 autobuses diarios por la frontera de “El Ceibo”, trasladando a personas que han sido expulsadas bajo el Título 42 desde Estados Unidos, o deportadas y devueltas por México hacia Guatemala.
