"Por primera vez el Presidente de México nos presenta con cifras el tamano de la corrupción (detectada) en el país. Es un ""hasta aquí"", dice el mandatario al anunciar que más de 11 mil 500 servidores públicos han sido sancionados por ""malas prácticas"". Desafortunadamente, multar a miles de burócratas no bastará para cambiar la percepción de impunidad de la población.
Razones sobran para el escepticismo. Se han acumulado por décadas. Al hacer un breve recuento encontramos: la desaparición del dinero que los braceros enviaron desde Estados Unidos hace más de 50 anos; el enriquecimiento -no necesariamente ilícito o inexplicable, lo que es peor- de gobernantes y jefes policiacos, con Carlos Hank González y Arturo El Negro Durazo a la cabeza; la quiebra del sistema bancario mexicano por complicidad entre ""delincuentes de cuello blanco"" y funcionarios de gobierno. Más recientemente las anomalías en la megabilioteca de Vicente Fox y el desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex hacia la campana presidencial del PRI en el 2000.
Antes de la transición política de hace ocho anos el PRI encarcelaba de vez en cuando a sus propios cuadros. Sucedió con El Negro Durazo y con Joaquín Hernández Galicia La Quina. Lo preocupante es que hoy, tras casi una década de gobiernos del PAN, no se ha atrapado a ningún ""pez gordo"", como prometió el sexenio pasado Francisco Barrio, entonces contralor federal, respecto del famoso Pemexgate. Bastaron los fueros de Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana para frenar los procesos judiciales.
El abuso del poder público en beneficio de intereses privados termina cuando mucho en meras inhabilitaciones para los servidores públicos responsables o en sanciones económicas; rara vez en encarcelamientos, menos si son ""peces gordos"".
Ahora tendría que comprenderse que la corrupción puede incluso cegar vidas. Así lo indica la caída del avión donde viajaba Juan Camilo Mourino. Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, ha confirmado que los pilotos de la aeronave contaban, al parecer, con un permiso de vuelo fuera de sus capacidades.
Las estructuras institucionales y las leyes que hacen posible beneficiarse a costa del dinero público permanecen. La Ley de Acceso a la Información Pública es lo único que se ha hecho en los últimos ocho anos a nivel profundo para combatirla; sin embargo, Transparencia Internacional indica que hemos caído en la clasificación internacional incluso en ese rubro.
Para colmo, brillan por su ausencia las sanciones a gobernadores, secretarios de Estado, líderes sindicales y empresarios que conforman ya en México una casta de intocables. Cómo pedir a la gente no dar mordidas si se toleran actitudes aún peores entre los poderosos.
Con el fin de elaborar una campana de spots anticorrupción hacia los mexicanos hace cuatro anos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó una encuesta. En ella 47% aceptaron que incurren en mordidas. Sólo 24.9% consideró que el asunto más grave por resolver es la corrupción, mientras que para 20.4% estas conductas forman ya parte de nuestra cultura.
Las cifras confirman que el asunto va más allá de sanciones y contralorías, pero si en primer lugar éstas no funcionan, zcómo pedir a la gente sumarse a una cruzada anticorrupción? Una vez que el gobierno federal, los diputados y senadores, los gobernadores y el Poder Judicial tomen medidas efectivas y duraderas para limpiar su área de trabajo, entonces será más fácil convencer a un ciudadano de no dar mordida.
La población confiará más en la inversión privada, los impuestos, los fondos de pensiones, los proyectos gubernamentales, cuando defraudar al erario sea difícil, y las consecuencias de hacerlo, temibles. (El Universal)
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