Cinthya Vasconcelos * CP. La falta de respeto hacia el recinto legislativo por parte de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, los cuales ignoraron en más de 10 ocasiones la indicación de la Mesa Directiva de evitar los aplausos por disposición del Reglamento Interno del Congreso local, fue una constante durante la comparecencia de María de los Ángeles Cruz Hernández, titular de la dependencia.
Debido a que el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que es atribución del presidente de la Mesa Directiva solicitar orden al público asistente a las sesiones del Pleno, en seis ocasiones el priísta Hugo Mauricio Pérez Anzueto requirió a quienes presenciaban la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social, que guardaran silencio y evitaran recurrir a los aplausos, sin embargo, dicha petición no hizo eco en los presentes, en su mayoría pertenecientes a la dependencia o beneficiados con sus programas de apoyo.
Y es que la Sala de Sesiones por tratarse de un recinto oficial de uno de los Poderes del Estado, es inviolable y debe ser tratado con honorabilidad y respeto, según indica la propia Constitución local y el Reglamento Interno del Congreso; no obstante, pese a ser la quinta glosa de la actual administración, los funcionarios y servidores públicos asistentes continúan incurriendo en una de las principales faltas: aplaudir y con ello, interrumpir la celebración de la sesión.
Las loas y los aplausos en la comparecencia de la funcionaria plablista se desbordaron a la par de los reconocimientos expresados por la compareciente hacia su equipo de trabajo y algunos sectores beneficiados, así como ante el anuncio de logros o tras una respuesta muy completa de la misma; incluso, no faltó la servidora pública que desde su lugar organizara a los asistentes para que se levantaran a recibir los agradecimientos en el momento adecuado, y así, encabezar los aplausos.
Además del apoyo logístico, el personal de la Sedeso se encargó de ocupar los espacios destinados habitualmente a los medios de comunicación, tanto de reporteros como de gráficos y camarógrafos, para instalar su propio equipo de proyección y de cómputo, lo que impidió el buen desempeno principalmente de los dos últimos; y pese a las peticiones del personal del Congreso para que cedieran la ubicación, los trabajadores del gobierno se negaron bajo el argumento de que el encargado de Servicios Parlamentarios lo había autorizado.
