"Sergio Granda * CP. En Chiapas persisten olvidos en el reparto de la tierra, así como algunas irregularidades por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que datan de hace más de 25 años, aseguró el líder estatal de la organización Xinich, Mario Landeros Cárdenas.
Como parte de una histórica queja, el denunciante presume que es la incapacidad de los funcionarios agrarios federales lo que impide que Xinich no tenga respuestas claras a sus planteamientos.
Landeros Cárdenas aseguró que es el Gobierno Federal, a través de la Reforma Agraria, el que ha desatendido diversas demandas agrarias que las organizaciones campesinas han gestionado durante muchos años y que hasta la fecha no han tenido una respuesta favorable por parte de dicha dependencia.
El líder de Xinich recordó que un grupo de indígenas choles de Tumbalá, en el norte de Chiapas, fue desalojado hace más de dos años de un predio que tenían en posesión y llevados a las instalaciones del DIF Regional, con la promesa oficial de que serían reacomodados, ""pero ya sabemos que el comité técnico interinstitucional que sesionó en la Ciudad de México, determinó que no existe ningún recurso de solución para dichos campesinos"". El experimentado líder de Xinich aseguró que aquí las autoridades agrarias olvidan que dicha comisión que valida las diferentes demandas agrarias, no conocen las condiciones de vida de los diferentes grupos de campesinos que reclaman reacomodos agrarios en Chiapas.
En este sentido, Landeros Cárdenas sostuvo que en esas condiciones se encuentran varios grupos que fueron desalojados de sus tierras hace más de 25 años, como el grupo de 27 afectados de ""La Confidencia"", en Ocosingo.
""Acá hubo 27 desalojados que en su mayoría son de la tercera edad, a los cuales no les validan el pago total de sus mil 700 hectáreas; también el grupo ejidal Santa Margarita de Catazajá, los cuales están siendo amenazados con ser desalojados en el ejido Catazajá, argumentando este grupo tener una resolución presidencial"", destacó.Finalmente pidió no olvidar el tráfico de influencias en el reparto legislativo de los apoyos en proyectos productivos.
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