Adrián Méndez Barrera, director de la Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), detalló que la recomendación 12/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció interés, omisiones y corrupción al dejar operar sin ningún permiso a la empresa Cales y Morteros del Grijalva, que se encuentra dentro del Parque Nacional “Cañón del Sumidero”.
El pasado 28 de abril, ante el incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, la CNDH dirigió una recomendación a las autoridades ambientales tanto a nivel federal como local.
Ante ello, Méndez Barrera explicó que por parte de la Semarnat ya se aceptó tal recomendación, por lo que desde las oficinas de la Conanp en Chiapas se esperan realicen en próximos días las instrucciones que dirija la institución federal.
Impacto ambiental
El organismo nacional detectó que las autoridades involucradas no han desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero” por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones. Dicha empresa refiriéndose a Cales y Morteros del Grijalva.
La CNDH, tras analizar diversos escritos de queja por las emisiones a la atmósfera que genera esa empresa, que afectan la salud de quienes viven y transitan por ese lugar, acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que se llevó a cabo el proceso de conciliación con la Semarnat, la Conanp y el Gobierno del estado de Chiapas, misma que no fue atendida en su totalidad, por lo que se determinó la reapertura del expediente.
Además, se advirtió que, aun cuando se encuentra dentro de los límites del “Cañón del Sumidero” –declarado Área Natural Protegida (ANP) mediante decreto presidencial en 1980—, la empresa cuenta desde 1999 con Licencia de Funcionamiento expedida por la Semarnat, actualizada en dos ocasiones, a pesar que la legislación vigente prohíbe la realización de ciertas actividades productivas en la zona.
Por su parte, la empresa ha manifestado en diversas ocasiones que desde 1981 interpuso en contra del decreto en cuestión un recurso de revocación ante la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, misma que resolvió a su favor, sin embargo, la Conanp recalcó que dicha empresa no ha iniciado juicio contencioso administrativo ni juicio de amparo correspondiente, por lo que no cuenta con sentencia o pronunciamiento formal mediante el cual se haya declarado la ilegalidad o invalidez de dicho hecho, o se haya modificado o dejado sin efectos por autoridad competente.
Corrupción
Ante esto, Méndez Barrera señaló: “si nos hicieron una recomendación, es que alguien dejó de hacer su trabajo; tanto el gobierno federal como el estatal, ya que no se garantizó a la población los derechos humanos; en su momento tendrá que salir a luz quién se dejó guiar por los intereses, omisión y evidente corrupción, para hacer operar a dicha empresa sin ningún permiso”.
Además, agregó que la empresa calera contraviene la integridad del Cañón del Sumidero, por lo que la titular de Semarnat ya aceptó la recomendación; pese a que este fenómeno viene de administraciones pasadas, donde no se hicieron los trabajos necesarios.
“La recomendación cae en la Secretaría, viene de atrás; con la aceptación se formulará instrucción a cada una de las dependencias y órganos que nos corresponde trabajar, esto será apegado al Decreto y al Programa de Manejo”, mencionó Méndez Barrera.
El director indicó que la calera se ubica dentro de un área natural protegida, lo que a todas luces viola la ley, ya que aprovecha los recursos que se encuentran al interior sin los permisos correspondientes.
“Evidentemente hay afectaciones a la población y al ecosistema mismo, que ha sido denunciado en años pasados”, añadió.
Méndez Barrera finalizó que por parte de la Semarnat se realizarán los trabajos desde los temas de gestión y manejo, pero serán las autoridades de justicia federal y estatal quienes impondrán sanciones. Además, respecto al tema de las afectaciones en la calidad del aire por la operación de la empresa, es responsabilidad del Gobierno estatal.
