Las instituciones nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, junto a la Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México, hicieron un llamado a redoblar esfuerzos para la protección a las personas migrantes.
La Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) informó que ha aceptado 31 mil 842 solicitudes de refugio de enero a abril de 2021, de ellos, 22 mil 234 fueron expedidos en Tapachula y 596 de la estación migratoria de Palenque. Lo que confirma la aún mantenida llegada de personas migrantes.
A 10 años del hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, las instituciones y oficinas afirman de la persistencia de violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, mencionaron que es fundamental garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para que hechos como los de San Fernando no se repitan.
En abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de personas de diversas nacionalidades, un año después de la masacre de 72 personas migrantes en el mismo municipio. Hechos similares ocurrieron en 2012, en Cadereyta, Nuevo León; en 2014, en Güémez, Tamaulipas; y recientemente, en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.
Tras estos eventos, instituciones y oficinas mencionaron que resulta fundamental fortalecer la cooperación entre las autoridades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para afianzar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha emitido recomendaciones con relación a las citadas masacres del 2010, 2011 y 2012, las cuales han sido aceptadas por las autoridades. A pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Mencionaron que la situación de riesgo que enfrentan las personas migrantes en tránsito no ha mejorado en los últimos años. A lo largo de estos 10 años, las entidades firmantes han registrado numerosas denuncias sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes.
“Consideramos impostergable la creación de mecanismos de investigación y cooperación que aseguren investigaciones prontas y efectivas, con la participación de familiares de las víctimas y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmaron.
Por todo lo expuesto, consideraron necesaria la creación de una Comisión Especial de Investigación, a través de la cual personas expertas, nacionales e internacionales, apoyen a las autoridades nacionales mexicanas en la investigación de los hechos con perspectiva regional, de conformidad con estándares internacionales.
La Comisión Especial de Investigación permitirá entender mejor las causas que generan esta violencia sistemática contra las personas migrantes e implementar acciones efectivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.