Como pasan los días, en las diferentes dependencias de gobierno se descubren más quebrantos e irregularidades atípicas, resultado de la opacidad que caracterizó a la administración anterior.
El saqueo al por mayor que se hizo en las áreas administrativas, principalmente en aquellas que ejecutaban proyectos públicos y sociales, tiene hoy como resultado un Estado vulnerable.
La deuda pública que promovió la administración pasada, vino a agudizar la crisis en Chiapas, pues por un lado no hay dinero en el erario, y por el otro existe un adeudo impagable con la banca, al menos en corto plazo.
Se calcula que cada chiapaneco debe hoy en día entre 7 mil y ocho mil pesos, derivado de esta inmensa deuda que heredó el gobierno anterior.
Lo que se ventiló este fin de semana de que más de 60 ayuntamientos tienen adeudos y arcas vacías, también tiene coherencia con la deuda estatal que se instrumentó en Chiapas de 2006 a 2012.
Todo esto se explica, si se detalla que desde Palacio se mantenía la hegemonía, es decir, desde aquí se dictaban las obras públicas y a los beneficiarios (gente afín al sistema).
Esta anarquía llegó al grado de que el gobierno estatal manipulaba los recursos públicos municipales de los ayuntamientos a su conveniencia, importándole nada el sentir de los municipios.
Ahora, tras haberse ventilado estas anomalías en el ejercicio público, el Congreso está obligado a llamar a todos aquellos que manipularon abiertamente recursos públicos para fines personales, y aplicarles la ley lo antes posible.
De lo que se trata es de evitar que este pillaje se vuelva una costumbre y un modo de vida para aquellos que lucran con los recursos públicos que al final trasgrede la vida de las y los chiapanecos.
