El nuevo Congreso de la Unión tiene frente así la gran oportunidad de contribuir a reconfigurar el sistema político mexicano para adecuarlo a las necesidades del presente, y de enmendar el esquema jurídico para atender los requerimientos del desarrollo social propiciando la expansión económica.
Tal fue el planteamiento central durante el más reciente de los foros plurales que El Universal, como espacio de encuentro y diálogo, promueve para encontrar respuestas viables a los mayores problemas de México. En esta oportunidad, los coordinadores parlamentarios de los cuatro principales partidos políticos -PAN, PRD, PRI y Convergencia-, ante destacados colaboradores de esta casa editorial, convinieron en buscar puntos de acuerdo para superar las diferencias que se han traducido en frenos al mejor funcionamiento del aparato de gobierno.
Los cambios que se han dado en el último decenio, con el acotamiento del poder presidencial, la creciente autonomía de los poderes de la Unión y de los gobiernos de los estados, y el robustecimiento de los partidos, demandan formalizar un nuevo esquema operativo para que las fuerzas coincidan en el impulso de proyectos benéficos para los mexicanos. Eso es lo que se ha llamado reforma del Estado.
Los partidos deben llegar al punto en que convengan que el interés de todos está por encima de las ambiciones personales o de un grupo o sector.
Es evidente que el Congreso constituye, por su propia naturaleza, su integración multipartidista y su función política, el espacio adecuado para llegar a una conciliación de la crisis postelectoral que resultó como el problema fundamental en esta etapa de cambio de gobierno. Así es asumido por quienes deberán dialogar y negociar para lograr acuerdos.
Hay dos temas prioritarios para la sociedad que, de acuerdo con los legisladores, merecen la atención principal de las reformas legislativas: la extendida pobreza y la inseguridad pública. Pero otras reformas tampoco son menores. El reglamento interno de la Cámara de Diputados, para facilitar el diálogo entre las fracciones, la eficiencia y la productividad del trabajo legislativo; la de la transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas; así como las reformas encaminadas a evitar los conflictos de interés al legislar, de suerte que quienes así procedan también sean sujetos de las sanciones legales correspondientes. También habrá que hacer importantes correcciones a la legislación electoral.
Hay que reconocer la voluntad expresada por los coordinadores parlamentarios, y el tino de comenzar a trabajar sobre los temas en que hay coincidencias y afinidades. Pero también hay otros pendientes en los que lograr la concordancia requerirá más trabajo. Habrá que hacer reformas fiscales, laborales y en materia de energéticos. Aquí se mezclan y entrecruzan intereses económicos y políticos, así como ideológicos, que han sido ya confrontados.
Sin embargo, un esfuerzo extraordinario puede conducirnos a que los legisladores, comprometidos verdaderamente con los intereses mayores de México, superen los partidistas y logren acuerdos. (El Universal).
