Una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la aprobación del llamado Plan B en materia electoral, la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, confirmó que enviarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad al considerar que lo avalado en el Congreso de la Unión generará un impacto negativo.
Confió que las quejas se puedan resolver antes de que comience el proceso electoral que viene para 2024, tomando en cuenta que el Estado de México y Coahuila —que son entidades que en breve tendrán elecciones— se irán sin ninguna modificación, debido a que el proceso electoral en estas zonas ya había comenzado.
Comentó que además del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también se sumará el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la idea es que haya un revés a lo avalado al considerar que hay afectaciones en principios de igualdad, de paridad y hasta de acciones afirmativas.
“Habían 65 acciones afirmativas, hoy la reducen a solo 25, lo que va afectar muchísimo para que las personas de la diversidad sexual, con alguna discapacidad o las personas que pertenecen a grupos y comunidades indígenas pueda participar de manera activa dentro de la agenda política, es decir, no van a poder ocupar espacios de representación”, remarcó.
Otro aspecto que sufrirá modificaciones, explicó la legisladora, se relaciona con el Servicio Profesional Electoral, y advirtió que unas cinco mil personas podrían perder sus espacios laborales; en el caso de las Juntas Distritales, mencionó que se quedarían con una sola una persona a cargo de múltiples funciones.
“Sí afecta, ellos en un doble sentido, dicen: ‘no las desaparecemos’, pero le quitas operatividad, le quitas el personal que hace funcionar a esas Juntas Distritales”. En su opinión, los ajustes del Plan B impactarán en el funcionamiento adecuado del INE.
Para que se haga una reforma electoral, detalló, debe existir un consenso con los partidos políticos, pero en este caso se hizo sin la participación de la oposición y con el empuje para debilitar al “árbitro electoral”.
