Redes de derechos humanos (DD. HH.) se solidarizaron ante la Resolución 3/2023 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la se otorgó medidas cautelares a favor de Pascuala López, por la situación de riesgo ante las amenazas, hostigamiento y hechos de violencia que ha sufrido por parte de un grupo armado que opera en el ejido El Pinar, en San Cristóbal de Las Casas.
Pascuala López es defensora de la tierra y territorio en su ejido, quien tras el asesinato de su hijo comenzó una lucha en búsqueda de justicia y reparación. A raíz de estos acontecimientos ha sido amenazada por grupos delincuenciales, y en relación a esto servidores públicos tienen información respecto a que está sufriendo un intento de homicidio con el fin de silenciar su voz.
El pasado 1 de febrero de 2023, la CIDH otorgó dichas medidas a la defensora y a su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en México.
La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expuso que la CIDH documentó que el Gobierno Federal y Estatal tienen conocimiento del caso, por tanto se decretó que es responsabilidad del Estado mexicano el garantizar su integridad.
“Ante la nueva solicitud de incorporación al mecanismo de protección, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de evaluar el caso con un enfoque de interculturalidad, género y pueblos indígenas, para garantizar la vida, integridad física y otorgar la protección necesaria”, destacó la Red.
La Red TDT, integrada por más de 80 organismos, exigió al Estado acatar la resolución de la CIDH a favor de la defensora y su familia, a fin de que tengan acceso a una vida libre de violencia y justicia.
