Con el objetivo de defender el derecho al agua de 528 familias de la colonia 5 de Marzo en San Cristóbal, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) promovió un juicio de amparo directo que resultó en una sentencia que le ordenó a la presidencia municipal y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) realizar acciones para mejorar la distribución del vital líquido.
A través de un comunicado, la dependencia relató que desde 2022 los habitantes habían solicitado al ayuntamiento, en ese entonces encabezado por Mariano Díaz Ochoa, el suministro suficiente de agua y atención a las deficiencias en las redes de agua potable.
Sin embargo, ante la falta de respuesta efectiva, el IFDP representó legalmente a las familias, logrando que el 17 de marzo de 2026 el órgano jurisdiccional concediera la suspensión definitiva para que las autoridades suministraran agua potable, por los medios disponibles, con un parámetro de 50 litros diarios por habitante.
Posteriormente, el 21 de julio de 2026, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, ordenando a la Presidencia Municipal y al Sapam varias acciones para garantizar el derecho al agua, como implementar un esquema básico de sectorización hidráulica, además de proponer y ejecutar acciones para prevenir inundaciones.
La IFDP señaló que las autoridades responsables interpusieron un recurso de revisión contra la sentencia, misma que estableció un plazo máximo de seis meses para realizar las acciones.
Pese a esto, la dependencia dijo que mantiene el seguimiento de la medida cautelar para vigilar que el suministro de agua se proporcione de manera efectiva y suficiente, y agregó que la defensa del derecho al agua también se extendió a dos centros educativos indígenas de la misma colonia.
Fuentes cercanas informaron que el día 30 de octubre, personal de la IFDP llegó a la colonia 5 de Marzo para realizar entrevistas sobre los avances de la obra de la red de distribución.
La falta de agua, indicó la institución, no sólo afecta las actividades cotidianas: también puede comprometer la salud, la higiene, el aprendizaje y el ejercicio de otros derechos humanos.
