La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso la medida cautelar a los diputados federales por Chiapas, Miguel Prado Santos y José Luis Elorza Flores, por la probable promoción personalizada derivada de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por Covid-19, además del exhorto de que su conducta se ajuste en todo momento al marco constitucional.
En contraparte, la comisión resolvió improcedente otorgar medida cautelar en 41 casos de los 63 servidoras y servidores públicos a nivel nacional, ya que, bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar, las ligas con el material denunciado ya fueron dadas de baja, por lo que se está ante hechos consumados, como el caso de la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, y de la regidora de “La Perla del Soconusco”, Mónica del Carmen Escobar González.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia.
Luego de las investigaciones preliminares, la autoridad electoral determinó iniciar, de oficio, procedimientos especiales sancionadores, debido a que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.
De un análisis preliminar se consideró que estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet.
