El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), tras el conflicto social y político que se encuentra en Arriaga, ordenó a las autoridades locales y al Congreso local para que se “abstengan de causar actos de molestia” en contra de la síndica y tres regidores del ayuntamiento.
Lo anterior implica además que las instancias encargadas de la seguridad deberán de brindar auxilio a los cuatro funcionarios municipales para que sus derechos electorales e integridad física estén salvaguardados.
Mediante el expediente TEECH/JDC/33/2019, el organismo jurisdiccional puntualiza que Alma Ruth Gutiérrez Vera, Adán Martín Méndez Díaz, María Candelaria López Morgan y Jorge Luis Gutiérrez Cruz han sido amenazados de forma personal y es necesario que todas las instancias relacionadas con la prevención de la violencia política también intervengan, para no vulnerar los bienes jurídicos de los quejosos.
En el acuerdo, los magistrados ordenan que todos los organismos que deben implementar medidas cautelares tienen que informar al Tribunal cada una de las “determinaciones y acciones adoptadas al respecto”, debido a que los inconformes han manifestado que también han sido objeto de persecución política.
La situación en Arriaga se agudizó desde el año pasado y se deriva de la salida de David Parada de la presidencia municipal; después de ese momento se originó una fractura en el Cabildo entre personas a fines al exfuncionario y otros que respaldan al entonces tercer regidor (y ahora edil sustituto), José Alfredo Toledo Blas. Las molestias se han llevado hasta los tribunales electorales.
El objetivo de los ataques, dicen la síndica y los regidores en el escrito, es que ellos sean retirados del cargo que ostentan desde el año pasado, cuando ganaron en las urnas.
“Conforme al estándar de la debida diligencia y hacer todo lo conducente para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia política ejercida a cualquier ciudadano, particularmente en el caso de impedir u obstaculizar el adecuado ejercicio de las funciones de cargos de elección popular”, añade el documento.
Con relación a las afectaciones que este conflicto político puede generar, los integrantes del Pleno del TEECH añaden que “puede entenderse que la realización de actos encaminados a impedir o dificultar el ejercicio de un cargo de elección popular, como lo es el ser síndica o regidores de Arriaga, no sólo puede afectar el derecho de quienes han sido electos para dicho cargo, sino que sus efectos perniciosos se extiendan a la ciudadanía en su conjunto, pues, en casos extremos, se frustra el fin de los ayuntamientos como entidades de interés”.
