Ezequiel Orduña Morga, candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, lanzó la convocatoria para sumarse a su proyecto para ganar la presidencia y hacer de Tapachula una ciudad digna y tierra de oportunidades, pero no dijo oportunidades ¿para qué? o ¿para quiénes?, pues estamos ante un aspirante manchado por la corrupción e involucrado en el desvío de más de 28 millones de pesos a su paso como titular de la Sedesol en la entidad, de lo cual se declaró culpable en el 2020.
Cabe mencionar que “Cheque Orduña”, como mejor se le conoce, fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado de Chiapas, y al confesar su participación directa en la “Estafa Maestra” fue condenado a cinco meses y 29 días de prisión, lo que lo ubica como un candidato poco confiable para manejar las finanzas de una importante ciudad fronteriza, sobre todo porque durante las investigaciones aceptó ser culpable de las imputaciones.
Los hechos en los que fue involucrado lo señalan como responsable de una contratación indebida de más de 28 millones de pesos, esto como parte de la trama de corrupción conocida como Estafa Maestra, donde alcanzó una pena mínima derivado de una negociación con la Fiscalía General de la República (FGR), siendo un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, quien emitió la sentencia mínima pactada por el político, que por cierto, tiene sus orígenes en el Partido Revolucionario Institucional.
El exfuncionario fue sentenciado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y se le impuso el pago de 99 días multa, equivalentes a 6 mil 759 pesos, considerando que cada día equivalía a 68.28 pesos al momento del desvío de recursos.
En su apertura de campaña no lanzó ninguna propuesta a favor de los tapachultecos, sólo dijo que conoce las necesidades de la población, pero a diferencia de otros aspirantes, no tiene trazada ninguna tarea específica para la gobernabilidad de Tapachula, invadida de migrantes de diferentes países centroamericanos que pululan en las calles y que causan inseguridad y zozobra a la población tapachulteca.
Orduña Morga fue condenado a la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público; al aceptar su responsabilidad sólo estuvo en estas condiciones cinco meses, sin embargo ese tiempo ha pasado, por eso se da el lujo de participar en esta contienda electoral en la que los votantes deben conocer la calidad moral de cada uno de los contendientes.
Cabe señalar que el Código Penal Federal establece como pena por el delito en el que incurrió el ex delegado de la Sedesol, de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Pero al ampararse en el procedimiento abreviado que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una de las formas de terminación anticipada del proceso en el nuevo sistema acusatorio, obtuvo el beneficio de pagar una multa para no estar preso.
El procedimiento al que se acogió se trata de una negociación entre la Fiscalía y el imputado, en la que este se declara culpable a cambio de la pena mínima y un descuento adicional de hasta un tercio de la misma en delitos dolosos y hasta el 50 por ciento en los culposos.
Orduña fue acusado de solicitarle a la Sedesol el pago de 28 millones 721 mil 300 pesos para la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) por un servicio que no fue prestado, en un contrato suscrito en 2015 cuyo monto total fue de 53 millones 102 mil 260 pesos.
El contrato otorgado por la secretaría a la Unach comprometía a esta a formar comités comunitarios e identificar las demarcaciones en pobreza prioritarias, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Unach no creó los comités ni brindó la asesoría para identificar las necesidades locales, pero sí cobró como si hubiese prestado los servicios.
Al aceptar su responsabilidad, Ezequiel Orduña, en estos hechos de corrupción, lo hace un aspirante poco confiable, pues nada garantiza que sea transparente en el manejo de los recursos públicos, además de que no presenta propuestas que permitan la transformación de Tapachula.
