Organismos productivos y sociales hicieron un llamado al Gobierno Federal y de Chiapas para no permitir que criminales que llegan a México, muchos de ellos miembros de la Mara Salvatrucha o Barrio 18, se establezcan en el territorio bajo el amparo de una migración por razones humanitarias.
Pidieron que al ser detenidos por cometer delitos, sean enjuiciados, deportados y entregados a las autoridades de su país de origen.
En la Costa de Chiapas, empresarios, profesionistas, comerciantes y la sociedad en general enfrentan un clima de inseguridad, con un marcado incremento en las extorsiones y los cobros de piso.
A pesar de las detenciones y aseguramientos, las víctimas siguen pagando semanalmente una cuota de protección para evitar ser atacadas o sus familias.
En entrevista, representantes de la Canaco Servytur, Canacintra y el transporte organizado, así como Coces y Nueva Generación Vinculación Social, señalaron que no se trata de xenofobia ni de estigmatizar a todos los extranjeros, pero tampoco de proteger a quienes llegan al país huyendo de la justicia.
Esto lo ha señalado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en relación a sus compatriotas miembros del crimen.
La reciente declaración del mandatario salvadoreño en relación a la declaratoria de régimen de excepción y la captura masiva de los miembros de las pandillas que operan en ese país, provocó que varios escaparan hacia México en las semanas recientes.
Se “exiliaron” en territorio mexicano para evitar el castigo de la justicia salvadoreña, se trata de lugartenientes y miembros de pandillas.
