Familiares y excompañeros de nueve presos indígenas agrupados en la organización denominada Solidarios de la Voz de El Amate, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, exigieron al gobierno federal que sean liberados.
“Ya entregamos la lista de los presos al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pero a la fecha no hemos tenido respuesta”, dijo Alberto Patishtán Gómez, indultado por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013.
En una rueda de prensa, destacó el caso de Mariano Pérez Velasco, quien lleva 15 años procesado y su expediente “está extraviado” desde hace ocho años. “No nos explicamos cómo es que está preso si ni expediente tiene”, aseveró.
Su esposa Angelina Velasco Gómez aseguró que “Mariano no cometió el delito de secuestro del que está acusado. Por eso quiero su libertad; ya nada tenemos y tenemos niños pequeños”.
Acompañado por familiares y excompañeros de los internos, Patishtán Gómez señaló que los indígenas que están internados en el penal de San Cristóbal que fueron incluidos en la lista entregada a Encinas son: Mariano Pérez Velasco, Diego López Méndez, Martín Gómez López, Mario Díaz Rodríguez, , Mario Gómez López, Marco Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Juan Castellanos Gómez y Alejandro Díaz Sántiz, aunque este último fue trasladado hace unos meses al penal de máxima seguridad ubicado en Villa Comaltitlán, en la costa del estado.
“Retomamos la palabra del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que en los primeros días de su gobierno saldrían todos los presos indígenas y políticos, pero muy poco lo que se ha dado. Con los presos de Chiapas estamos atorados”, expresó.
Manifestó que entre las peticiones hechas a Encinas está también la de que Alejandro Díaz Sántiz sea regresado al penal de San Cristóbal y luego liberado.
Antonio Díaz Velázquez, padre de Alejandro, pidió la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que su hijo sea trasladado al reclusorio de San Cristóbal y luego excarcelado, porque “no cometió el delito de homicidio del que se le acusa”.
Agregó que debido a que su familia es de escasos recursos económicos no tiene dinero para pagar el pasaje y visitar a su hijo en el penal federal. “Tenía mi terreno y ganado y ya los vendí por los gastos para buscar que lo liberen; estamos viviendo en una casa prestado”.
Patishtán Gómez comentó que en los próximos días un juez dictará sentencia a Diego López Méndez, por lo que espera que sea absolutoria.
Presente en la rueda de prensa, María Luz Bolom Pérez, del municipio de Copainalá, dijo que su primo Roberto Martínez Pérez, está preso “injustamente” desde hace 13 años acusado de homicidio. “Somos indígenas pobres y no tenemos recursos para pagar abogados para que lo liberen”.
“Esperamos que este gobierno de la Cuarta Transformación cumpla su palabra y libere a los nueve indígenas”, concluyó Alberto Patishtán.
