Tras el cumplimiento de cinco años del encarcelamiento de Kenia Hernández, abogada y defensora de derechos humanos indígena amuzga, por ejercer su derecho a la protesta, organizaciones mesoamericanas denunciaron violaciones sistemáticas a sus derechos, incluyendo la negativa a asistir al funeral de su madre y reunirse con sus hijos, mientras exigieron su liberación inmediata como acto de justicia y humanidad.
Kenia Hernández Montalván, abogada, feminista y defensora de derechos humanos, permanece desde octubre de 2020 privada de su libertad, acusada de delitos que suman más de 20 años de prisión.
Ejemplo de persecución
Su caso ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como un ejemplo de persecución a quienes defienden derechos humanos, especialmente de mujeres y comunidades indígenas.
Desde su encarcelamiento, Kenia ha acompañado a sobrevivientes de violencia machista, familiares de víctimas de feminicidio, personas injustamente privadas de su libertad y afectadas por actividades de empresas extractivas.
Su activismo la obligó a desplazarse del estado de Guerrero ante amenazas de agentes estatales y paramilitares.
Permiso especial
El pasado 7 de septiembre, Kenia recibió la noticia del fallecimiento de su madre, quien había asumido el cuidado de sus hijos menores desde su reclusión.
La defensora solicitó permiso humanitario para asistir al funeral y abrazar a sus hijos, pero la petición fue rechazada bajo argumentos de distancia, ignorando la Ley Nacional de Ejecución Penal que contempla permisos extraordinarios por fallecimiento de familiares directos.
Organizaciones firmantes, entre ellas IM-Defensoras, CEJIL, Civicus y Colectivo Ecocreando, calificaron esta decisión como arbitraria e inhumana, señalando el daño emocional causado tanto a Kenia como a sus hijos, quienes han perdido a su cuidadora principal.
