En la novena edición del informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), que abarca el periodo 2021-2022, se visibilizaron los retos de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo humanitario con personas en movilidad migratoria, así como solicitantes de asilo y refugio.

La Redodem documentó como —al mismo tiempo— los agentes migratorios tienen órdenes desde sus superiores de incrementar el número de detenciones, puesto que el Instituto Nacional de Migración (INM) no cuenta con suficiente personal ni instalaciones dignas que cumplan con los parámetros de seguridad y derechos humanos para lograr dichos indicadores.

“Esto, evidentemente exacerba la violencia tanto en la persecución como en las condiciones de detención”, externó el informe.

Respecto a los retos, aterrizaron con las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren las personas migrantes en su tránsito o estancia en México.

“Tanto en Chiapas como en Veracruz observamos que la presencia del crimen organizado incrementa la vulnerabilidad de quienes viven, sobre todo de quienes transitan por el territorio como migrantes”, determinaron.

La Red recopiló historias de violencia de las personas migrantes, sumadas a la injusticia, amenazas, chantajes, desinformación y desconfianza en las autoridades, sobre todo cuando las y los migrantes deciden denunciar un delito: “(…) además de la violencia que se vive en la región Sur, les hacen sentir impotencia y debilitamiento emocional”.

Por otro lado, los espacios humanitarios para migrantes en ambos estados han manifestado que la inseguridad mermó algunas de sus actividades.

“En Frontera Comalapa se suspendieron las visitas o monitores de las rutas, pues viajar en transporte público o particular, en ciertas zonas y horarios, representa un riesgo muy alto, incluso para los hermanos jesuitas”, publicaron.

Cabe señalar que en dicho municipio de la sierra chiapaneca se encuentra el Servicio Jesuita a Refugiados/Albergue y Dormitorio.