La crisis agravada de los países del Triángulo del Norte incrementará la migración en los siguientes meses y años, que a decir de las organizaciones de la sociedad civil, traerá nuevos retos para los gobiernos en materia de derechos humanos.
El reciente informe de la Red Nacional de Protección muestra que la Comisión Nacional de Ayuda para Refugiados aún tiene 80 mil solicitudes pendientes de resolver, mientras en redes sociales los centroamericanos se alistan para salir en caravanas en enero.
Recomendó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos haga un llamado a los Estados para que garanticen los derechos de la población de personas migrantes, solicitantes de asilo refugiadas y desplazadas, independiente de su estatuto migratorio.
Además, que inste a los gobiernos para abstenerse de relacionar a la migración con factores de riesgo para la población, cesar las detenciones, brindar servicios de salud y hacer el llamado correspondiente para el apoyo financiero destinado a la reconstrucción.
En noviembre de 2020, la tormenta tropical Eta afectó a más de cinco millones de personas en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, y causó importantes repercusiones en Panamá, Costa Rica, Belice y el sudeste de México.
Los países que sufrieron los daños más importantes por Eta son Honduras y Guatemala con más de tres millones y 1.5 millones de personas afectadas, respectivamente. Para las organizaciones de la sociedad civil en ambos países, los gobiernos no responden a ningunas de las pasadas y actuales necesidades de la población.
Para el activista Luis García Villagrán, tanto el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Ayuda para Refugiados siguen cometiendo faltas a los derechos humanos contra las personas migrantes y solicitantes.
Dijo que un gran porcentaje de la movilidad humana procedente de Centroamérica está contenida en Tapachula y municipios cercanos, sufriendo la violación de sus derechos humanos con el aplazamiento de los trámites de refugio hasta las detenciones arbitrarias y separación de familias.
Las cifras oficiales exponen que en sólo dos años se duplicaron, de 93 mil 846 detenciones en 2017 a 182 mil 940 en 2019. El 15 y 30 por ciento de los presentados son menores de edad, pese a los estándares internacionales y las normas mexicanas que lo prohíben.
