Amnistía Internacional y la Colectiva de Madres en Resistencia Chiapas se sumaron a las condenas hacia el subsecretario de Ejecuciones de Sanciones del Estado, por buscar desacreditar y estigmatizar a la defensora Patricia Aracil Santos y a la organización Colectiva Cereza.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró que dichas declaraciones buscan criminalizar a la defensora y a la Colectiva, por lo que pidieron cesar la estigmatización y defender los derechos humanos.
“Hacer pública una supuesta acta administrativa -sin carácter sancionatorio- constituye un acto de criminalización y pone en riesgo su labor legítima en defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad”, puntualizó la Colectiva.
Por tanto, exigieron el cese inmediato de cualquier forma de hostigamiento institucional contra defensoras e hicieron un llamado al estado para garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
Desacreditar la labor
Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) pidió a las autoridades dejar de vertir palabras difamatorias con la intención de desacreditar el trabajo de la Colectiva Cereza y su coordinadora, la defensora Patricia Aracil.
Las organizaciones señalaron al subsecretario de Ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad de Estado de Chiapas de emitir palabras difamatorias con la intención de desacreditar el trabajo de la Colectiva Cereza y su coordinadora, Patricia Aracil.
“Resulta preocupante que este funcionario haya aludido a la presunta existencia de una acta administrativa abierta contra la defensora, la cual podría tratarse de un registro de atención, relacionada con unos hechos acaecidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No.5” expresó.
Una organización referencia
La Red Nacional y la Iniciativa considera a la Colectiva Cereza como una organización referencia para las mujeres presas, a quienes da acompañamiento jurídico y psicológico además de desarrollar otras acciones para mejorar sus condiciones de privación de libertad. Además, Patricia Aracil, su coordinadora, atesora una larga trayectoria de defensa de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, a lo largo de la cual ha acompañado varios casos que, por su visibilidad, le han puesto en la mira de las autoridades.
