Un promedio de 28 hectáreas en un predio que se ubica en el municipio de Berriozábal, están en disputa entre pobladores, organizaciones sociales y tres personas que se presentaron como legítimos propietarios, sin embargo, los lotes fueron vendidos con anterioridad y hoy viven en este espacio más de 500 familias, dijo Claudia Guadalupe Pérez Bautista, presidenta del Comité Ciudadano de la colonia Candelaria.
El temor de los ciudadanos, explicó, es que se queden sin el patrimonio que han adquirido en los últimos años y que ha implicado un esfuerzo económico; el costo de un espacio, sólo para los que tienen contrato en una superficie de 10 por 20 metros, es de 45 mil pesos. Lo preocupante es que todos los que se denominan como apoderados exigen dinero.
A las afueras del Congreso de Chiapas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Pérez Bautista pidió el apoyo de las autoridades para que den una solución a esta problemática. En la zona, comentó, también tiene presencia la organización social Antorcha Campesina y, de forma arbitraria, piden “moches” de 50 pesos a los colonos o, de lo contrario, amenazan con cortar la luz.
Las 28 hectáreas fueron divididas en 800 lotes y conviven personas de escasos recursos y de nivel medio, todos son afectados debido a la disputa del predio. Los habitantes quieren pagar esas tierras, pero están con la incertidumbre de saber quién es el legítimo propietario.
Desde hace 12 años llegaron al lugar y, en los últimos meses, “Antorcha ha explotado a la colonia, vilmente pidiendo cooperación, amenazando con cortarnos la luz, cuando fue un beneficio que bajó el gobierno y ahora -la organización- pide un pago mensual y si no, van a cortarnos la luz”, reclamó Pérez Bautista.
Al inicio, cuando líderes se apoderaron del lugar pedían entre ocho y 10 mil pesos, dependiendo la ubicación; más tarde arribó otra organización y también les cobró la propiedad, es decir, las organizaciones han hecho de la colonia lo que han querido.
En el auge de los desalojos que estaban realizando las autoridades de los predios invadidos, relató la quejosa, llegó otro propietario con sus documentos para hacer un nuevo convenio pero como intermediario se puso Antorcha Campesina para cobrar 25 mil pesos por cada lote.
En un documento entregado a este medio de comunicación y que funge como el contrato entre los pobladores y los apoderados legales, en el punto 4 se advierte que si los habitantes dejan de pagar por tres meses, los legítimos dueños podrán solicitar el desalojo sin la necesidad de un juicio de por medio; incluso, los compradores tendrán que pagar mil pesos mensuales de sanción por el tiempo en que el inmueble fue ocupado.
Con el último apoderado legal que apareció volvieron a pagar desde el 2018, pero no a todos les han entregado contrato. La preocupación mayor de los pobladores es que en medio quedaron las familias que buscan un patrimonio y este jueves fueron amenazados de nuevo, para un posible desalojo.
