La desconfianza en los Órganos Electorales en el estado persiste debido a las anomalías que se han presentado en pasados procesos comiciales, consideró José Manuel Blanco Urbina, presidente de la asociación civil Comisión de Derechos Humanos de Chiapas.
Puntualizó que las autoridades locales y federales deberían estar atentos a que no se viole ninguna Ley en el marco de las votaciones del 1 de julio; de lo contrario, los conflictos suscitados en años anteriores podrían repetirse.
Es importante mencionar que, el pasado 14 de abril, a través de este medio se informó como en algunos ayuntamientos de la Frontera Sur se inscribieron para participar en cargos de elección popular familiares de las actuales autoridades, donde el Órgano Local que preside Oswaldo Chacón Rojas no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.
En ese sentido Blanco Urbina dijo que estas acciones están prohibidas por la ley y el propio presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, no debería ser complaciente con estos temas, tomando en cuenta que también existen sanciones para los Consejeros Electorales que no cumplan con sus responsabilidades.
Desde que se dio a conocer sus aspiraciones para presidir el instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas recibió severas críticas debido al trabajo que desempeñó al frente de la Contraloría de la Legalidad Electoral (CLE).
En 2005 el entonces titular de la CLE, Oswaldo Chacón Rojas fue acusado en su momento por el entonces diputado federal Emilio Zebadúa González y del entonces senador Rutilio Escandón, ambos del PRD, de actuar de forma parcial para favorecer a Rubén Velásquez López.
Hoy que ésta al frente como Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas ha sido cuestionado por algunos de los representantes electorales con registro en el instituto, ante las constantes prórrogas que ha dado el órgano electoral tanto para el registro de las diversas coaliciones como de candidatos a los diversos puestos de elección popular.
Para José Manuel Blanco Urbina el IEPC está obligado a cumplir con su responsabilidad como una institución transparente e imparcial, pues recuperar la confianza de la ciudadanía ante las dudas que ha generado dicho instituto, se hará con con hechos y no con simulaciones.
consideró al proceso electoral “como una guerra de partidos, de candidatos y de intereses”, donde se dan jaloneos que terminan afectando a la ciudadanía.
El pasado 6 de abril con 16 votos a favor, seis abstenciones y 10 en contra, los diputados de la actual legislatura no aprobaron la iniciativa de Decreto, la cual buscaba derogar algunos aspectos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal de la entidad.
En otras palabras, se pretendía eliminar el artículo 39 fracción VI de la citada Ley, que a la letra puntualiza que para ocupar puestos en el ayuntamiento es necesario “no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, para buscar dichos cargos”, para no permitir el traspaso de poderes entre familiares.
El presidente de la asociación civil Comisión de Derechos Humanos de Chiapas aclaró que ellos serán vigilantes no solamente de los partidos políticos y candidatos, sino también de las mismas autoridades para que, en caso de que no cumplan su compromiso, también se apliquen las sanciones conforme a la ley.
