Ana Laura Mondragón * CP. Se podría estar orquestando desde el Legislativo la caída del edil de San Fernando, Óscar García Vázquez. La acción ha ocasionado la sustracción de cinco millones de pesos por parte del Síndico y seis regidores, sin autorización del munícipe sustituto, lo que está tipificado como delito grave.
Y es que dichas acciones estarían violando la Ley Orgánica Municipal, Artículo 41 y 42, en donde se menciona que es facultad del Presidente autorizar con su firma las erogaciones o pagos que tenga que hacer el Tesorero Municipal con la indicación expresa de la partida presupuestal, todo esto con la supuesta aprobación del Legislativo.
Al respecto, el Alcalde afectado dio a conocer mediante documentos girados al Congreso, escritos dirigidos a la empresa bancaria en donde se enteró del acuerdo tomado por el Cabildo el pasado 9 de agosto, se desconoce la firma de García Vázquez, y se solicita se reconozcan las firmas de Herón Paniagua, síndico municipal y José Candelario Gallegos, tesorero, esto para el manejo del dinero, acciones que se pudieron haber hecho para obtener los 5 millones.
Según los documentos proporcionados por fuentes extraoficiales, dichas acciones podrían estar creando el precedente histórico para las administraciones municipales, ya que de no detenerse, se abriría para todas las alcaldías presentes y futuras la facultad de que en rebeldía al orden legal dispongan de recursos sin respetar la ley ni los conductos constitucionales. Cabe senalar que desde la salida de dicho munícipe el mes de julio pasado, muchas son las inconformidades que se han escuchado, en donde se responsabiliza al presidente actual del Congreso del Estado, Juan Antonio Castillejos Castellanos, ya que existen documentos en donde se exhiben graves anomalías orquestadas con el objetivo de que dicho Alcalde sea remplazado.
Finalmente, destacan entre los documentos proporcionados escritos dirigidos al coordinador de la bancada del PRI, Roberto Ortiz Gutiérrez, para que intervenga de forma inmediata y dar un freno a las violaciones que se han estado llevando a cabo y que el Legislativo está solapando con el objetivo de destituir a dicha autoridad.
