El alcoholímetro, la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados y las recientes limitaciones impuestas a discotecas y bares son tres de las medidas que las autoridades de la ciudad, gobierno y Asamblea Legislativa, han establecido con el propósito en apariencia loable de velar por la seguridad y la salud de los capitalinos. No obstante, cabe preguntarse si su instrumentación no encierra una actitud conservadora o un dejo represivo, o incluso una nueva modalidad del paternalismo: desde el Estado, como lo haría un padre con un hijo rebelde, se endurecen las penas para castigar y buscar inhibir conductas inadecuadas, en vez de promover la responsabilidad de los ciudadanos.
A principios de ano los habitantes de todo el país y en particular los del DF nos sumergimos en una enconada discusión con motivo de la ley antitabaco. De uno y otro lado del debate escuchamos tanto disposición al diálogo como, las más de las veces, posturas radicales.
Partidarios de los espacios 100% libres de humo de cigarro llegaron a equiparar a los fumadores con criminales, mientras que los detractores de la legislación senalaron el inminente regreso del autoritarismo a la vida social.
Finalmente, la ley fue aprobada por los diputados locales y todos, hayamos estado de acuerdo o no con la regla, tuvimos que adaptarnos a ella. Sin embargo, para un sector de la población quedó presente la sensación de haber visto coartada una de sus libertades.
En línea con este hecho, hace algunas semanas la Asamblea Legislativa avaló cambios a la regulación de Establecimientos Mercantiles que plantean, dentro de otras cosas, que las tardeadas se lleven a cabo más temprano, la restricción en la venta de bebidas alcohólicas, que se recorra el horario de cierre de bares y discotecas y la desaparición de los llamados afterhours.
Tales modificaciones surgieron, al menos en parte, como una reacción a la tragedia del New's Divine en la que murieron 12 personas y se fundamentan en el argumento de que con ellas se reducirá la cifra de siniestros, como accidentes automovilísticos, resultado del abuso en el consumo de alcohol. Igualmente, ese fue el propósito del alcoholímetro: detectar y sancionar a los conductores en estado de ebriedad a fin de frenar su proliferación. Empero, como lo demuestra Marco Lara Klahr en la crónica que hoy publicamos, el castigo por haber infringido esta norma puede significar serias violaciones a los derechos de las personas.
Aquí, como en el caso de la ley antitabaco, resulta oportuna la pregunta de qué tan conservadoras o aun veladamente represivas se están tornando las autoridades de esta ciudad y las leyes que promueven. La cuestión es relevante en la medida de que el Estado, en su concepción democrática y liberal, no puede convertirse en un aparato que, en la supuesta búsqueda del bien común, termine limitando las libertades civiles básicas.
Pretender proteger la salud o la seguridad de las personas no implica, como se hace con los menores de edad, imponerles sanciones quizá poco sustentadas sobre lo que pueden o no hacer. Implica, en cambio, cultivar desde las instituciones una ciudadanía libre, educada y responsable. Si bien los límites para la convivencia social son necesarios, más importante es tener la responsabilidad que nos conduzca a respetarlos. (El Universal)
