De junio de 2010 -cuando se realizaron operativos en Tuxtla Gutiérrez por evasión fiscal- a la fecha el Servicio de Administración Tributaria tiene más de 500 auditorías en empresas de outsourcing en el país, de las cuales se desprenden 22 casos penales por defraudación mediante un basto y trillado mecanismo por demás simple: eludir o evadir los pagos que corresponden a contribuciones federales y locales, aportaciones de seguridad social y otras obligaciones.
Y no se trata de poco dinero. El Servicio de Administración Tributaria detectó impuestos omitidos por 22 mil 56 millones de pesos a empresas que se manejan en el esquema de subcontratación (outsourcing), de los cuales logró cobrar 532 millones de pesos a través de fiscalización. De acuerdo con el Informe Tributario del segundo trimestre de 2012, hay expedientes de 61 casos para ser resueltos penalmente.
Además, 49 fueron presentados al Ministerio Público y 12 fueron canalizados a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Sin embargo, ahora resulta que el gobierno de Chiapas ha sido delatado ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal por haber contratado a intermediarios con el fin de evadir el concepto de retenciones por salarios devengados por sus trabajadores. No es poca cosa el asunto. Por eso, tanto el sindicado como la instancia federal ante la que se denuncia, tienen la obligación de informar puntualmente sobre este caso que, como río subterráneo, suena fuerte por debajo de la superficie e inquieta todavía más a la sociedad chiapaneca.
El Servicio de Administración Tributaria ha informado de distintos esquemas abusivos de sustitución laboral que consisten en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo o sindicatos, pero en este asunto se está ante un caso diferente, pues no se trata de particulares, sino del mismo gobierno del estado, por lo que cualquier detalle o derivación, así como sus protagonistas, cobran especial relevancia, independientemente del peso que tendrían las afectaciones que hubieren en caso de que se comprobara que efectivamente, como señala la denuncia que fue interpuesta el pasado jueves en la capital del país, exista un quebranto, en este caso en perjuicio de la nación.
Y no obstante que la finalidad de todo esto es eludir el pago de impuestos sobre nómina, entre otros objetivos fraudulentos, el mismo Servicio de Administración Tributaria ha hecho hincapié en que antes de realizar un acto de fiscalización ha exhortado a los afectados a corregir su situación, habiendo casos en que los que fueron requeridos no respondieron ni en tiempo ni en forma.
La corrección consiste en enterar de las retenciones que se dejaron de efectuar a los trabajadores, así como de las cuotas obrero-patronales correspondientes, con la actualización y recargos pertinentes.
Desde junio de 2008, el Servicio de Administración ha realizado 950 auditorías de este tipo, en las que ha detectado omisiones por más de 22 mil millones de pesos, según datos actualizados.
