PUBLICADO EL LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2002El gobierno de Pablo Salazar aún no resuelve las demandas de justicia social reclamadas por las comunidades campesinas e indígenas a favor de la reconciliación, porque en las cárceles de Chiapas permanecen aún por lo menos 120 presos políticos, aprehendidos en los últimos 6 años, relacionados con la tenencia de la tierra, denunció el líder social y actual dirigente del Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas (Fdcypch), Gustavo Zárate Vargas.
Precisó que al encierro de más de un centenar de reos políticos se añade el expediente de más de 900 campesinos ejecutados por la pugna de la tierra desde los años 70, así como 90 desaparecidos que cayeron en ese período por los mismos conflictos.
Catedrático universitario y uno de los principales promotores del voto de Salazar Mendiguchía, Zárate lamentó que la justicia social, que se esperaba con el cambio de régimen de gobierno no se produzca aún en Chiapas, y que a semejanza de los gobiernos emanados del PRI, los rezagos y los atropellos a los derechos humanos prosigan en contra de las comunidades indígenas y campesinas.
Aseguró que la justicia social prometida con la llegada de Salazar al gobierno chiapaneco continúa como una aspiración, que nada tiene que ver con la realidad que padecen los luchadores sociales en las cárceles y la miseria que enfrentan cada día las comunidades indígenas.
En tono paradójico, advirtió que la política represora contra la lucha campesina, respaldada por los ex gobernadores Absalón Castellanos Domínguez, José Patrocinio González Garrido y Roberto Albores Guillén, persiste.
“Hay deudas que este gobierno aún no ha esclarecido; es urgente saber quiénes realmente consumaron la matanza de Acteal, porque los apresados son los que operaron, los sacrificados; pero detrás de estos, personajes clave del gobierno, como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, además de una docena de ex funcionarios de su administración”, señaló.
Entrevistados en el contexto del quinto aniversario de la masacre de Acteal, el pasante de doctorado en Economía denunció que otro expediente abierto en el gobierno actual es la represión y la matanza de simpatizantes zapatistas en la comunidad Chavajabal en el municipio de El Bosque, durante el gobierno de Albores Guillén.
