(Publicado el 08 de junio de 2011)
El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido ayer en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado al penal de El Amate, en el municipio chiapaneco de Cintalapa, acusado de desviar 104 millones de pesos durante su administración, que concluyó el 8 de diciembre de 2006.
En un comunicado, el gobierno de Chiapas informó que la detención de Salazar se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero en materia penal, como parte de la causa 96/2011, por los supuestos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
El gobierno de Chiapas explicó: “A través de una aseguradora, (el ex mandatario y otros servidores públicos de su administración) contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia total y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado”.
“Los ex servidores públicos involucrados dieron un poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos.
“El expediente penal, integrado en 21 tomos contenidos en 9 mil 117 fojas útiles, comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y grafoscópica, así como testimoniales con los cuales se corroboró que Pablo Salazar Mendiguchía dijo que ese dinero era ‘un bono sexenal’ para el fin de su administración”.
Varios funcionarios de la administración de Pablo Salazar se encuentran en prisión, acusados de desvío de recursos destinados a reparar los daños causados por el huracán Stan en 2005. Entre ellos figura la ex directora del Instituto de la Vivienda, Socorro Domínguez Aguilar. También están presos los ex alcaldes de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez, y de Ángel Albino Corzo, Magdalena Díaz Molina, así como los ex síndicos de Mapastepec, Leónides Cortés Lozano; Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz, y Pijijiapan, José Chang Sánchez, así como el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti, acusado de asociación delictuosa, peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio del estado.
Diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) por Chiapas expresaron que si la detención del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía busca hacer justicia a cientos de chiapanecos que aún no tienen vivienda a pesar de que se entregaron recursos al estado, se cumplirá con una demanda pendiente, pero advirtieron que sería “inaceptable” que se trate de un caso más de utilización de la justicia con fines políticos.