(Publicado el 3 y 16 de marzo del año 2023).
“Se ha realizado una difusión nacional intensa en los medios de comunicación para explicar los errores del Ejecutivo estatal; desgraciadamente el cúmulo de errores en Chiapas no tiene justificación, menos con verborrea y discursos falsos”, señaló el diputado federal, Óscar Alvarado Cook.
“El juicio político contra el gobernador del estado, no hay duda que se presentará ante instancias correspondientes y no solo por el caso Comitán, sino por muchas más expresiones de autoritarismo, vejaciones y actitudes irresponsables dentro de la administración estatal”, dijo.
Agregó que si bien la omisión de un dirigente, llámese presidente de la República o gobernador, todavía no está penalizada, de incumplimiento de compromisos de primer orden, tales como la falta de conclusión de obras carreteras federales en la entidad, “son omisiones graves de un gobierno que si es producto de la democracia, debe actuar sin resabios, con responsabilidad política para el bien de la sociedad”.
Análisis del caso
Señaló que ante la situación, se han presentado ante la tribuna del Legislativo federal una serie de reflexiones sobre las condiciones sociales que imperan en la sociedad, “estamos recabando la documentación que comprenda el juicio político, para presentarlo ante las instancias correspondientes”.
Apuntaló que dicha problemática sigue en análisis de toda la fracción parlamentaria del tricolor, como parte de su responsabilidad, “para responder a los reclamos de una sociedad chiapaneca inconforme ante las actitudes autoritarias de quien es producto de un proceso democrático”.
Participación activa
En cuanto a los comicios que se aproximan, el también secretario técnico del Consejo Político Estatal manifestó que el tricolor confía en el papel que desempeñará, “ya que ahora la sociedad sabe que un diputado no es el que trae láminas o despensas, sino que es un contrapeso del Poder Ejecutivo en las decisiones de índole nacional”.
Remarcó que actualmente la población exige una participación más directa y comprometida de los legisladores en las problemáticas sociales, y ejemplo de ello fueron las irrupciones que en meses pasados hubo en el palacio legislativo federal, en donde sectores magisteriales, agrícolas, artesanos, entre otros grupos, demandaban a los diputados la obtención de un presupuesto más acorde al reclamo social, ya que el enviado por el presidente de la República, Vicente Fox, no encaraba los problemas sociales.
El Gobierno genera violencia
Chiapas carece de una política en materia de derechos humanos; a las manifestaciones de inconformidad de la sociedad se les responde con más represión, por tal motivo se ha generado un círculo de respuestas de aplastamiento gubernamental a las inconformidades de la población, así lo establece el abogado Miguel Ángel de los Santos, luego de los acontecimientos de violencia registrados en la entidad.
Para el defensor de las causas indígenas, los hechos recientes de sangre son una muestra. “Lo que se puede esperar es otro Zinacantán, donde exactamente no se tuvo la capacidad política para resolver los problemas y la gente se enfrentó”, precisó al comparar otros casos que continúan vigentes como el de Nicolás Ruiz, al que, señaló, se está buscando cauces políticos y de negociación para resolverlo.
En el caso de Nicolás Ruiz, rememoró el defensor, en el 98, un grupo de familias dejó de cumplir con las costumbres y el ordenamiento comunal; la asamblea de bienes comunales lo sancionó con la privación de derechos.
A partir de eso, estableció, el gobierno de Albores realizó un operativo policial para detener a más de 100 personas.
Al resumir el caso, De los Santos estableció que desde entonces este grupo de priistas reclaman la devolución de las tierras y la reubicación en otro lugar, una solución sin lograrse hasta ahora, por eso la asamblea ha venido a pedir se agilice ese trámite, sin embargo, no hay respuesta del Gobierno.
El abogado De los Santos enfatizó que “entonces eso va a generar que la disputa se resuelva por otros medios en la comunidad. Ojalá no sea así”.
Luego se refirió al caso de Carranza, en el que, dijo, no existe una política a respetar en materia de derechos humanos, sino más bien hay una política que tiende a responder con represión las manifestaciones de inconformidad.
“Por lo que yo he dicho, existe una dialéctica escalatoria de violencia institucional, donde se le responde al pueblo con represión y el pueblo responde con más inconformidad a esa represión; en consecuencia, la respuesta es otra vez la inconformidad”, afirmó el defensor desde su perspectiva.
Luego hizo hincapié: “Repito, la desatención por parte del Gobierno genera ese tipo de conflictos y bueno, ya luego las acciones espectaculares del gobernador para llegar en helicóptero a un lugar donde ya se derramó la sangre, resulta muy hipócrita e inmoral”.