La economía nacional crece sin vigor y muchos lo adjudican a la falta de competitividad. Por eso, elevar este concepto del libre mercado al rango de un pacto nacional aparece en el horizonte como algo deseable, ya que sin competidores los monopolios o las empresas dominantes abusan de los consumidores de bienes y servicios, que terminan siempre pagando más por menos.
El llamado tiene mucho sentido. Aunque México echó a andar una Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ésta parece no contar con suficientes instrumentos o capacidad ejecutiva para funcionar con éxito.
El titular de la misma, Eduardo Pérez Motta, ha reconocido en repetidas ocasiones que México se encuentra dentro de los 10 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico más caros en telefonía celular, por ejemplo.
El asunto pasó del intercambio de senalamientos técnicos a las recriminaciones personales entre las dos empresas de telefonía celular que buscan el mercado. Pero esto no es un asunto personal; el tema cruza desde los celulares hasta las cervezas, la energía, los servicios financieros, el cemento y la televisión.
La Constitución prohíbe los monopolios, con excepción de las entidades paraestatales de energía. No obstante, en los hechos hay empresas notoriamente dominantes en sectores específicos de la economía, lo que ocasiona distorsión de precios y utilidades exorbitantes en comparación con las registradas en otras naciones.
Por contrapartida, la competencia es fuente de ganancias mejor repartidas y de mejorías sensibles en la calidad de los bienes y servicios.
Hay monopolios públicos y privados que trastocan la idea de un terreno de juego en el que se gane no por gigantismo, sino por innovación y calidad del servicio y precio.
Ese diagnóstico compartido en la quinta Cumbre de Negocios México, efectuada en Monterrey, bajo la coordinación de Miguel Alemán, llevó al presidente del Consejo de Administración de El Universal, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, a convocar a un pacto general de partidos políticos, empresarios y sociedad para alentar la competitividad.
Las bases para una verdadera política de competitividad pueden ser establecidas sin necesidad de esperar a que culminen las reformas laboral, energética y educativa, indispensables para acompasar el desarrollo de México con el del mundo de hoy, coincidieron Valentín Díaz Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce); Roberto González Barrera, fundador del Grupo Gruma; y Marcos Achar, director del grupo de pinturas Comex.
Pero el pacto no puede ni debe ser sólo de empresarios; ha de incluir a sectores políticos, obreros y sociales.
Como en otras muchas cosas, no hay tiempo que perder en tanto que irrita crecientemente la ausencia de acuerdos para respetar a consumidores y ciudadanos en cuanto a sus derechos para tener capacidad de optar por la que consideren la mejor oferta. Avanzar en un pacto de competitividad podría ser la chispa que encienda el motor de la economía nacional. (El Universal).
