La educación pública superior en el país requiere cirugía mayor, en vista de las graves carencias con que las universidades realizan su labor, lo que se refleja en la calidad de los egresados, muchos de ellos sin las bases ni la preparación suficiente para enfrentar el ejercicio de la carrera cursada, lo que rezaga al país en su formación profesional, en particular en ciencias exactas y humanas.
Rectores de 144 universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación afiliados a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quienes se reúnen con los candidatos a la Presidencia de la República, promoverán establecer entre ellos un nuevo pacto social para mejorar la calidad del sistema universitario en México, a partir de la construcción de una política educativa de Estado, de largo plazo. De forma tal que quien resulte ganador en la contienda electoral deberá cumplirlo en beneficio de la educación superior mexicana.
En un documento denominado Consolidación y Avance de la Educación Superior en México los académicos piden una visión de largo plazo en el sector y que toda la sociedad, incluidos los tres niveles de gobierno, empujen la agenda universitaria. Exigen con urgencia nuevos esquemas de financiamiento, más presupuesto -cuando menos 1.5% del PIB-, acabar con la inequidad en el reparto de recursos públicos y hacer deducible del Impuesto sobre la Renta el pago de inscripciones y colegiaturas.
En suma, lo que piden las universidades públicas del país es justicia, para el tamano de la responsabilidad social que tienen y con la que asumen que no se ha cumplido del todo.
Ciertamente, urge tomar en cuenta este llamado porque un país con su sistema de educación superior quebrado, como el nuestro, perpetúa el atraso de la nación en temas que son prioritarios para fortalecer nuestra soberanía en aspectos tecnológicos y científicos, en los que México es dependiente de lo que se produce y genera en el extranjero.
El sistema de educación superior privado, que ha alcanzado algún tipo de avance académico, tampoco es suficiente para sobrellevar a cuestas la carga de la reconversión profesional y tecnológica del país, dado que, en todo caso, no tiene tampoco la cobertura que sí tiene la red de instituciones de educación pública, para hacer que la formación profesional de veras llegue a todos los jóvenes del país, independientemente de su condición económica. La democratización de la universidad y las oportunidades para acceder a ella siguen siendo responsabilidad del Estado y es obligación de los gobiernos federal y estatales cumplir con este cometido.
Los candidatos a la Presidencia han de comprometerse en respaldar este llamado de la ANUIES mucho más allá del simple discurso, y avalar con su firma que de llegar, cualquiera de ellos, al Ejecutivo del país, acometerán el tema de la educación superior con un grado prioritario.
No sería permisible que en aras de avanzar en sus respectivas campanas, los representantes de los partidos políticos prometan declaratoriamente en este tema y no cumplan; esto es algo de la mayor seriedad, en vista de que es el futuro del país el que está en juego. (El Universal)
