En Chiapas, municipios como Chenalhó y Chalchihuitán, que son expulsores por violencia, también comparten índices altos tanto de pobreza como de vulnerabilidad climática, así lo relevó la Comisión Nacional de Población (Conapo), que detalló que ni en el estado ni en el resto del país existen estudios que crucen información de esta vulnerabilidad con los patrones de violencia existentes y de desplazamiento forzado interno (DPI).
En su “Diagnóstico nacional sobre el desplazamiento forzado interno por cambio climático y desastres en México” se subraya que, para el caso de Chiapas, las personas que sufren DPI recurrentemente son afectadas aún más por fenómenos hidrometeorológicos, como lo son los ciclones tropicales, las inundaciones y las sequías.
En ese sentido, la Conapo advirtió que las medidas asistencialistas que se aplican en el estado para los casos de DPI no contribuyen para que las personas puedan rehacer su vida con “dignidad y resiliencia, en el pleno ejercicio de sus derechos”.
En el documento se señala que, ante la ausencia del “Programa para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno”, las medidas de atención a la población desplazada han sido implementadas de manera “ad hoc” por las autoridades municipales.
Al respecto, menciona el caso de 29 familias desplazadas del municipio de Huixtán que se refugiaron en un albergue temporal en San Cristóbal, para posteriormente ser desalojadas en 2018 por la falta de continuidad en las medidas de protección.
Pese a que el documento, realizado con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconoce los avances en el diseño del proyecto del Registro Estatal de la Población Desplazada y del Reglamento indispensables para implementar adecuadamente la Ley, indica que “ninguno de los dos se ha aprobado ni emitido aún” y que aún se encuentran en revisión.
Usos y costumbres
La Conapo detalla que, sin contar estas las dinámicas de DFI por razones religiosas y zapatistas, las tres localidades que más han expulsado personas son Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, mientras que los municipios que más casos de desplazamiento han tenido son San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Las Margaritas y Chenalhó.
El documento detalla que, aunque la mayoría de los perpetradores de DFI en el estado han sido identificados como grupos armados legítimos (fuerzas armadas) e ilegítimos (crimen organizado), también hay actores sociales como jefes comunitarios y caciques de la región que propician expulsiones.
