Si el gobierno cede a las exigencias monetarias de la Asamblea de Comuneros de Chenalhó, podrían recrudecerse los ataques armados contra comunidades vecinas, opinó Adolfo Victorio López Gómez, alcalde por usos y costumbres en Aldama.
Tras darse a conocer las exigencias de los comuneros de Chenalhó a través del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, en el que se expresaba que una de las condiciones para aceptar el cese al fuego era recibir 50 millones de pesos y 27 de las casi 60 hectáreas en disputa, dicho personaje advirtió que esto podría no ser la solución al conflicto.
Señaló que si bien la última palabra la tienen las autoridades, las condiciones de parte de los grupos “agresores” podrían interpretarse como poca intención a concretar verdaderamente la paz, y en consecuencia un riesgo de que el conflicto persista.
El alcalde expresó que el mayor temor del pueblo de Aldama es que al ceder un recurso económico a cambio de lograr la paz, se recrudezcan los episodios de ataques armados, a partir de que la violencia se vuelva un negocio al que recurran constantemente estos grupos de corte paramilitar.
Aseguró que independientemente de que Aldama comprobó la posesión legal de las hectáreas en disputa, están en la disposición de ceder parte de las tierras al municipio vecino; como evidencia, la reunión efectuada con autoridades estatales en mayo pasado.
Pese a la incertidumbre, dijo que están en la plena disposición de terminar el conflicto que data de más de 40 años, pero que desde el 2016 se agudizó cuando grupos de corte paramilitar operados desde Chenalhó iniciaron con los ataques armados contra nueve comunidades de Aldama.
Consecuencias
Durante los casi 40 años del conflicto, ambos municipios indígenas han reportado decesos; en el caso de Aldama, se tiene registro de al menos 29 heridos y cinco muertos.
El último ataque del que se tiene registro fue perpetuado este 11 de octubre: un hombre de 37 años de edad, originario de Tabak en Aldama, fue impactado de bala en el brazo y costilla, por lo que fue trasladado al Hospital de las Culturas, donde se mantiene con un diagnóstico reservado.
Además de las agresiones, también persiste el problema de desplazamiento forzado, que hasta el último recuento hecho por Aldama, eran de más de tres mil indígenas que tuvieron que abandonar sus hogares.