Cansado de años de mentiras y de que su predio sea utilizado para ganar dinero por parte del Instituto de Nacional de Antropología e Historia (INAH), desde hace cinco meses Alfonso Cruz Espinosa decidió cerrar el acceso a la zona arqueológica de Toniná, por lo que la economía de la región se está viendo afectada.
El predio que desde hace 40 años utiliza el INAH es propiedad de Cruz Espinosa, por lo tanto, lo único que pide es que se le entregue una indemnización conforme a derecho, con una valuación similar a la que se aplicó cuando se compraron terrenos aledaños al sitio, los cuales son propiedad de otros conocidos, asegurando que esos predios no eran prioritarios para adquirirse, pues no están en la parte central de la zona arqueológica, a diferencia de su predio, el cual consiste en ocho hectáreas y media, ubicándose en el acceso principal.
“Nos encontramos en el Centro INAH Chiapas presentando un documento de la inconformidad del nuevo avalúo que me acaban de mandar, que viene siendo el segundo avalúo. La inconformidad es porque no nos han calificado como nos deben de calificar”, señaló.
Llamado a las autoridades
Por lo anterior, dijo que hace un llamado a las autoridades federales, y en especial al director general del INAH, Diego Prieto Hernández, para que solicite un avalúo correcto de los terrenos de su propiedad al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Los terrenos fueron calificados como agostaderos (terreno seco para la ganadería extensiva), de tal manera que la indemnización asignada es menor a la otorgada en ocasiones anteriores, por lo que el propietario decidió cerrar las instalaciones desde hace cinco meses.
Señaló que la determinación de cerrar el acceso a los visitantes es la última de las opciones que pensó en tomar, pero lo hizo porque desde hace ya varios años se le prometió resolver la situación, incluso cuando ya se ha planteado a funcionarios de alto nivel, y sobre el mismo caso se ha pronunciado el diputado federal, Alfredo Vázquez, en la Cámara de Diputados.
Aceptó que la decisión afecta de forma directa al menos a unas 50 familias que viven de las actividades turísticas, dedicadas a la venta de alimentos y como guías de turistas.
Alfonso Cruz precisó que es propietario del lugar y se ha mantenido pagando el predial, sin que hasta ahora se le otorgue ni un peso como renta o algún recurso.