"El diario Reforma publicó ayer que el gobierno de Juan Sabines incurrió en irregularidades en el manejo de recursos que ascienden a mil 98 millones 166 mil 719 pesos, de acuerdo con el ""Acta de Formalización y Cierre de Auditoría"" entregada a la Secretaría de la Función Pública estatal el pasado 9 de noviembre de 2012.
Y qué dirían los chiapanecos si supieran que aparte de lo anterior, existe información oficial en cuanto a obra pública del año 2010, en apenas un sector, que documenta casi 47 mil millones de pesos con observaciones por parte de un organismo fiscalizador de uno de los poderes del estado de Chiapas. Más impactante porque igualmente, esto cuenta con respaldo y sustento.
En la Cuenta de la Hacienda estatal 2010 en lo que se refiere a la práctica de ocho revisiones que estuvieron a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado de Chiapas, se consigna un monto redondeado que se acerca a 50 mil millones de pesos en observaciones a obras, las cuales no fueron solventadas en su totalidad, no obstante que se dieron por asunto concluido en el ejercicio de referencia.
Dicha cantidad corresponde a ocho distintos resultados con sus respectivos montos cada uno, los que hacen un total global que alcanza la cifra de 46 mil millones 865 mil novecientos veintiocho pesos, cero centavos, por obra realizada con base en acuerdos firmados por el desastroso anterior gobierno estatal de Chiapas.
Es evidente que ante estos resultados, las cifras de la publicación del diario Reforma lucen pálidas. Qué son mil millones frente a la observación de casi 50 mil millones de pesos. Por eso el precipicio es tan hondo que todavía no se alcanza a ver su profundidad. El asunto es grave y merece, reclama, la intervención de auditores externos, pues como reconocen destacados economistas chiapanecos, ni siquiera hay una base para calcular la deuda, mucho menos el descomunal desfalco.
El anterior gobierno de Chiapas gastó como ninguno antes una cifra récord en la historia al alcanzar 400 mil millones de pesos en seis años y sin embargo, cada vez salían más acreedores que venciendo el miedo cobraban en voz alta, pero nunca les pagaron. Este abultado monto proviene de los presupuestos anuales de seis ejercicios, más los préstamos contratados en ese mismo lapso con la anuencia de tres distintas legislaturas estatales.
Luego entonces habría que solicitar que fuera auditado hasta el último centavo de esos 400 mil millones para ver cuántos millones resultarían con observaciones, pero no sólo para eso, sino para que se restituya lo saqueado.
Pago de obras que jamás se construyeron, contratos por servicios no autorizados y errores en la supervisión de proyectos, pagos por trabajos en los que no se cumplieron las condiciones establecidas, deficiencias en la justificación y comprobación del gasto, mala supervisión en la calidad de los trabajos realizados que redundaron en pérdidas para el erario, retención de impuestos y otras subvenciones que no fueron reintegradas. Todo eso es lo que están señalado ambas auditorías.
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