En materia de derechos humanos hay muchos logros para las mujeres, pero también hay muchos retos por vencer que la actual pandemia vino a incrementar, ya que la violencia contra este sector poblacional ha aumentado el número de mujeres que han dejado de trabajar para cuidar a sus hijos porque las escuelas cerraron.
Lo anterior, lo comentó Corina Giacomello, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), y agregó que también la brecha económica de género entre hombres y mujeres, que se venía cerrando poco a poco, nuevamente está aumentando.
Refirió que recientemente se conmemoró los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que merece reconocimiento ya que trajo muchos avances, pero se debe hacer desde un proceso en construcción, con retos pendientes y sobre todo con ese empeoramiento en la situación de las mujeres que ha traído la pandemia.
Dijo que la reforma en materia de derechos humanos puso nombre a derechos que ya estaban, a leyes que ya existían, a procesos que tenían mucho tiempo desarrollándose, a un derecho de reacción en pro de los derechos de las mujeres. Brindó herramientas y mecanismos para impulsar nuevos caminos y fortalecer los que ya existían.
En su especialidad, mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, anotó que el sistema penitenciario cristaliza cuáles son los retos que se enfrentan a nivel internacional, en México y en Chiapas, para poder concretar el alcance de la reforma en derechos humanos.
Señaló que las mujeres en prisión tienen que cumplir con tres requisitos que nada tienen que ver con el delito: ser pobre, ser víctima de violencia y ser mamá soltera, “si encima eres indígena, tu pase es todavía más rápido”.
En términos de condiciones penitenciarias hay una amplia variedad. Con la reforma del 2011 sobre derechos humanos, son herramientas legislativas y de sentencias que por fin ponen bajo el reflector público la situación de las mujeres privadas de la libertad, y otorga nuevas herramientas legislativas como la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Esta ley sirve para que las autoridades sepan con qué se debe cumplir, pero también para que la sociedad pueda exigir sus derechos humanos en todos los distintos ámbitos que tienen que ver con el sistema penitenciario.
Se han visto cambios muy importantes desde las narrativas, los temas, cómo se plantean en términos legislativos, desde cómo se pueden concretar en sentencias, cómo se puede trabajar con las distintas instituciones en pro de los derechos humanos de las mujeres.
