Para alcanzar el rango constitucional, la iniciativa de reforma electoral que ha propuesto el Gobierno Federal requiere de una mayoría calificada que se traduce en 333 votos en el Congreso de la Unión. Sin embargo, la oposición considera que la forma en que fue planteado el proyecto no aporta de manera sustancial a la democracia en el país, opinó la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales.
Lo que se argumenta en la propuesta, explicó, es que entraría en funciones un nuevo organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), no obstante, la preocupación que se tiene -desde otras fuerzas partidistas- es cuál sería el perfil de la persona que se propondrá para ocupar un espacio cuya responsabilidad central es la organización de los procesos electorales.
A grandes rasgos, puntualizó la legisladora federal por Chiapas, los candidatos o candidatas saldrán de propuestas que se hagan desde los poderes de la Unión, el problema -añadió- es que han notado que en estos espacios si se emite una postura diferente a la oficial, ese grupo es señalado como traidor al país.
Menos dinero del erario
Desaparecer los financiamientos públicos a los partidos políticos nacionales, consideró Espinosa Morales, deja indefensos a estos institutos para realizar sus actividades ordinarias y sólo podrían acceder a dinero para las campañas electorales, lo que podría generar un impacto negativo en las minorías.
Recordó que los partidos políticos reciben dinero público justo para evitar que haya ingresos de procedencia ilícita o de grandes empresarios, justo para que no hagan compromisos que después incidan en las decisiones que se toman para el país.
Todavía, explicó, no hay una fecha para discutir esta propuesta que llegó al Congreso de la Unión. De hecho, los legisladores y diputadas concluyeron con las sesiones ordinarias y están en receso legislativo; ahora las actividades las llevará la Comisión Permanente. Para que se analice el tema se tendría que convocar al Pleno.
En la opinión de la legisladora federal, lo que se visualiza es que si la reforma no pasa, la parte institucional podría culpar a las otras corrientes partidistas de no hacer lo correcto, “estamos protegiendo la democracia de este país, buscando que exista justicia electoral y que la gente pueda tener acceso a las plataformas políticas”, complementó.
¿Qué se busca?
El Gobierno Federal, por su parte, en la exposición de motivos de la iniciativa detalló que la idea es que el sistema electoral brinde seguridad, honradez y legalidad al voto y que tanto las instituciones administrativas como judiciales sean únicas y apegadas a los principios de austeridad.
Además de reducir a 300 el número de diputados federales y a 96 en el caso del Senado, también se pretende regular el dinero que den las personas a los partidos políticos. En el financiamiento a estos institutos, el proyecto detalla que el Estado mexicano otorga 11 mil millones de pesos para que hagan sus actividades ordinarias, pero ese recurso se extiende a la plantilla laboral, bienes e inmuebles.
En consecuencia, lo que ahora se propone es que esos gastos se cubran por los simpatizantes y militantes, a fin de disminuir los costos al erario público. Como ejemplo, para Chiapas se puso de manifiesto que en 2021 se entregaron a los partidos 222 millones 713 mil 240.22 pesos de financiamiento.
¿Centralizar todo?
El INEC, según la iniciativa gubernamental, absorbería la responsabilidad que hoy tienen los organismos locales, es decir, los comicios municipales, estatales y federales tendrían una nueva forma de organización. Se quiere eliminar la figura actual del INE y todos los distritos electorales y su estructura.
Mucho gasto en lo electoral
Mantener a los organismos locales -que actualmente organizan las elecciones municipales y estatales-, según el Gobierno Federal, cuesta al erario público más de 13 mil millones de pesos. La estrategia muestra que en el caso de las legislaciones federales, una entidad no podrá tener más de 15 curules si tiene menos de un millón de habitantes, y por cada 500 mil ciudadanos más podrá asignarse otro espacio con un máximo de 45 legisladores. Así que para Chiapas, si la iniciativa se aprueba, se reducirá el Congreso local de 40 a 24 lugares.