"En todo el mundo se sabe que en conflictos armados los niños son los primeros quienes deben ser protegidos, no sólo porque puedan ser potenciales ""daños colaterales"", sino porque son más fáciles de ser usados como carne de cañón. Los criminales organizados en México ya comenzaron a aprovechar esa veta y la vaga respuesta gubernamental demuestra que ninguna autoridad se había preparado para ello.
De enero a junio de este año 295 menores repatriados desde Estados Unidos declararon haber cruzado la frontera para traficar drogas, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La decisión que tomaron no es fortuita. Proviene de las amenazas o del pago al que sucumben dada su precariedad económica. Quienes se encuentran en la delgada línea entre delinquir para la sobrevivencia y servir al crimen organizado sólo podrán salir de la espiral de violencia con intervención del Estado.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California apenas está por iniciar una investigación sobre el tema. El DIF de Sonora se dice sin facultades para indagar las razones que llevaron a los menores migrantes a delinquir. Hasta hace apenas unos días el Instituto Nacional de Migración se quedó sin titular durante un mes. No existe coordinación entre autoridades.
Con justificación se quejan los funcionarios del gobierno federal de que los gobernadores son negligentes en estos problemas y se conforman con lavarse las manos. Sin embargo, dado que fue la Federación quien inició el conflicto con los cárteles -sin consulta ni diagnóstico- tendría que haber sido esa instancia la que diseñara una estrategia de coordinación con autoridades locales y de contención social para las secuelas de la guerra.
La crítica a la estrategia contra el crimen organizado ha sido estigmatizada desde el gobierno federal como un simple exhorto a que el Ejército abandone la lucha. En realidad el centro de la crítica estriba en que la forma actual de combatir la delincuencia no articula prevención con represión. Los resultados están a la vista. Hay cifras récord en decomisos y detenciones, pero esos logros nada despreciables no reducen los niveles de violencia ni el deterioro social.
Ya existen organizaciones civiles en México que brindan atención a grupos vulnerables como los migrantes indocumentados, los niños maltratados, las mujeres forzadas a la prostitución. Instituciones que logran prevenir y resarcir daños. ¿Porqué no aprovechar su experiencia e historias de éxito?
Las alternativas ya existen, sólo hace falta la disposición de tomarlas en cuenta. (El Universal)
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