Más de un centenar de diarios, principalmente de México y del sur de Estados Unidos, incluidos El Universal y El Gráfico, miembros todos de la Sociedad Interamericana de Prensa, publican hoy, simultáneamente, los avances de los reportajes sobre el crimen organizado que iniciaron los periodistas que por ello fueron asesinados, agredidos o que hasta la fecha se encuentran desaparecidos.
Esa publicación conjuntamente acordada como consecuencia de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Hermosillo, el 2 de abril de 2005, pretende ser una lección para quienes buscan acallar el libre flujo informativo enfocado a combatir al crimen organizado y en particular al narcotráfico.
El Proyecto Fénix, signado a principios de ano, muestra cómo una comunidad de trabajadores intelectuales, sin armas ni fueros, puede intentar un enfrentamiento contra las fuerzas del mal y sus cómplices incrustados en los órganos de la seguridad pública. No saben si van a derrotar al crimen organizado, pero sí es seguro que van a probar que ninguna violencia ilegítima podrá acallar a las voces de la libertad.
Con el asesinato de los periodistas y el ataque a los periódicos que publicaron los relatos, crónicas y testimonios de cómo operan los narcotraficantes, los secuestradores, y todos los demás esbirros de las organizaciones criminales de México y las transnacionales, el gobierno, las autoridades competentes y la sociedad en general, ya tienen un balance muy claro del enorme reto que significa esta lucha de la prensa.
La Declaración de Hermosillo, firmada el 30 de agosto de 2005, reclama el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra periodistas, demanda mayores garantías para la libertad de expresión como elevar a rango federal los delitos contra periodistas, sin prescripción, establece el adiestramiento de periodistas en coberturas de alto riesgo, promueve la defensa de los derechos humanos y resuelve integrar un equipo especial de reporteros de investigación para profundizar en las indagaciones que realizaban los reporteros victimados.
El mensaje que así se transmite es claro, definitivo, valiente. Podrán caer los reporteros en el ejercicio de su misión noticiosa, pero las libertades de expresión y de imprenta, el derecho a la información, no serán frustrados permanentemente.
Así, los periodistas y los diarios acallados en el cumplimiento de su deber son y serán honrados por sus companeros de oficio. Si los delincuentes creyeron que dando muerte a los periodistas que los habían aludido en sus informaciones acabarían con la denuncia, erraron.
El gobierno y las autoridades que concretamente deben combatir el crimen organizado debieran pasar del estupor y la vergüenza -ante la desprotección en que laboran los reporteros y los editores especializados en la materia- a realizar y articular propuestas que brinden plena seguridad a los informadores. Lo amerita este ejemplo de responsabilidad profesional y de honor que dan los más modestos trabajadores del periodismo, los reporteros denunciantes, y los de mayor jerarquía, los editores.
La demanda de justicia para los periodistas asesinados, secuestrados, agredidos, desaparecidos, y de los medios de comunicación atacados con ráfagas de ametralladora y lanzamientos de granadas de fragmentación, es también una exigencia de cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente en los artículos sexto y séptimo, referidos a las libertades de expresión. La demanda está latente: alto a los crímenes contra los periodistas. La sociedad tiene la palabra. (El Universal)
