“Tenemos que redoblar esfuerzos porque no estamos cercanos a la paridad”, argumentó la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordán, quien detalló que solo el 13 % de las presidencias municipales de Chiapas están a cargo de una mujer.
En la conferencia “Desafíos de la Reforma Político y Electoral en Materia de Paridad de Género, VPMRG y acciones afirmativas”, llevada a cabo en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la doctora en Gobierno y Administración Pública sostuvo como indispensable el trabajo en el tema, por dos razones:
“Primero, porque no estamos ni cercanos a la paridad, y segundo, porque las mujeres a nivel municipal y en pueblos y comunidades indígenas son, frecuentemente, las más violentadas, y no lo digo yo, sino el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política”.
Ante el panorama en el que la violencia está más enfatizada a nivel local, explicó que se le adhiere el hecho de que los tribunales electorales y los organismos públicos locales electorales (OPLE), que pueden resolver en definitiva los casos de violencia política, no resuelven sobre si una persona deja de tener un modo honesto de vida, por lo cual, sostuvo, hace falta perfeccionar la ley “3 de 3 contra la violencia”.
Acuerdos
Expuso que a nivel federal se han logrado acuerdos para revisar las 6 mil 972 candidaturas que habían con respecto al formato que se tenía que presentar, donde “únicamente se revisaron mil 77 candidaturas, es decir, el 84 % de las candidaturas no pasaron por esta revisión”.
Sin embargo, destacó que en Chiapas las y los consejeros hicieron una revisión censal, analizando todas y cada una de las candidaturas en las que se plantearon fórmulas para revisiones, e incluso se retiraron candidaturas, mientras que a nivel federal solo se retiraron tres.
Por lo tanto, subrayó como indispensable poder contar con registros de información adecuados que permitan corroborar si una persona ha cometido o no violencia de género. Destacó que actualmente se presentó una iniciativa en el Senado de la República para modificar los artículos 52 y 82 de la Constitución.
Con lo cual buscan establecer que para ocupar la presidencia y diputaciones federales, una persona no puede ser candidata si ha sido sancionada o condenada por casos de violencia familiar, sexual, o se trata de una persona deudora alimentaria morosa.