A diez años de que la paridad de género se estableciera como un principio constitucional obligatorio para los partidos políticos, las mujeres llegan a los cargos, pero no siempre ejercen el poder real. Esa es una de las conclusiones que dejó el conversatorio “Ciudadanas de pleno derecho”, organizado por la Colectiva Mujeres Morena República en la entidad.
La ponente Bárbara Mañón expuso que en los 124 municipios del estado “tener el derecho a votar y ser votadas no significa automáticamente tener poder”.
Mañón, con amplia trayectoria en campañas políticas y organización territorial, señaló que la paridad en el papel ha permitido que más mujeres accedan a las presidencias municipales, pero la falta de formación política, recursos económicos y autonomía, las convierte, en muchos casos, en figuras decorativas.
Apadrinamiento
“No son faltas de ganas, pero cuando no hay formación ni dinero para participar, todo depende del padrinazgo del cacique en turno”, afirmó la secretaria de comunicación de Morena Chiapas.
La especialista puso como ejemplo su propia experiencia al frente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, donde constató que muchas presidentas municipales, sobre todo de zonas rurales e indígenas, firmaban cuentas públicas sin saber las implicaciones legales, porque el poder de decisión recaía en sus tesoreros o en sus esposos.
Simulación
La académica Rubí Araceli Burguete, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), respaldó esta postura con datos duros.
Recordó que, tras la reforma constitucional de 2014, en las elecciones municipales de 2015 solo 34 de los 124 ayuntamientos de Chiapas fueron encabezados por mujeres, apenas la tercera parte.
Lo más grave, dijo, es que “de esas 34, solo cuatro llegaron por sus propios méritos; las otras 30 llegaron por motivos de simulación”.
Burguete explicó que en una mayoría de esos casos, particularmente en municipios indígenas, las candidatas no fueron seleccionadas por sus asambleas comunitarias, sino impuestas desde las cúpulas partidistas para cumplir con la cuota.
Esto, añadió, generó violencia y rechazo, pues “cuando recibieron sus constancias de mayoría, sus comunidades se violentaron, fueron agredidas porque decían que no habían sido elegidas por ellas”.
La investigadora calificó este fenómeno como una “usurpación permitida”, que vacía de contenido el principio de paridad.
Ambas coincidieron en que el desafío no es solo garantizar el acceso, sino asegurar que las mujeres que lleguen al poder cuenten con las herramientas, el respaldo y la autonomía necesarias para tomar decisiones.
