“No sabemos qué va a pasar en el 2024, pero lo que se observa es un retroceso de una disminución de presidentas municipales en lo que abarcó el 2020-2021, en virtud de la estrategia de los partidos de colocar a los hombres en las mejores candidaturas”, señaló la investigadora Araceli Burguete.
Dentro del ciclo de conferencias “Mujeres de Iberoamérica”, la antropóloga de profesión participó con el tema “El costo de la violencia contra las mujeres en Chiapas: cuando la paridad es obligatoria”.
Habló sobre que la paridad es un principio y una regla constitucional, que fue implementada por primera vez en el proceso electoral de 2015, “en un pacto patriarcal del gobierno y partidos políticos, cuya complicidad y corrupción ha impedido su materialización”.
Burguete recordó que desde entonces los partidos políticos ejercen la violencia política de género en su cumplimiento. Entonces, la paridad, que en teoría es un derecho, “es un logro y una conquista de las mujeres”.
Pero la paridad se ha materializado generando más violencia “que la que de por sí ya tenían las mujeres”. Esto al no permitirles asistir a las asambleas y al no darles derechos agrarios, por lo que “sí quieren, pero el sistema no les da”.
El resultado es que actualmente son 19 mujeres presidentas municipales en Chiapas, cuya tendencia se sumerge a una reducción del número al colocarlas en espacios donde no son competitivas.
A esta situación se le agrega la falta de garantía en los cargos de síndica y regidora, que sucede no solo en municipios indígenas de manera reiterada, también en los no indígenas, pues “siguen excluidas de la vida político-electoral, aunque se les permite ser esposas de los hombres que toman cargos en el sistema de usos y costumbres”.
Para Burguete no existe una diferencia entre la administración actual y las anteriores en el tema de la paridad: “Tenemos un desafío en la actualidad, sobre todo en el escenario de que probablemente haya una candidata mujer, pero hasta que no lo vea…”.
Insistió en que se trata de un problema estructural de discriminación en contra de los municipios indígenas por su tamaño en términos de número de electores, en donde a ellos no les imponen condiciones.
