A lo largo de este año se ha hecho un trabajo cercano con los partidos políticos, los cuales han avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo los sindicatos son los que todavía muestran resistencia para sumarse a la rendición de cuentas, así lo muestra la información compartida desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Chiapas (Itaipch).
Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Itaipch, comentó que la gran mayoría de los institutos políticos están cumpliendo con la ley de transparencia y dos más están atendiendo el tema de la protección de datos personales.
“En donde sí seguimos flojos es en sindicatos. Se ha presentado en el pleno —del jueves pasado— un proyecto para solucionar la problemática que es diversa y es compleja”, refirió.
Villar Pinto confió que en el 2023 se puedan alinear los sindicatos para que cumplan con las características de sujetos obligados. En el pasado, comentó, se registraron algunos corporativos de personas, pero no atendían las normas y, por eso, se hizo una gran lista de estos organismos, aunque algunos no existen o se desconoce su dirección.
“Se tomaron decisiones hace mucho tiempo con relación a eso, tenemos que depurar ese padrón, para tener la certeza y empezar a exigir”, remarcó. El comisionado presidente del instituto enfatizó que con algunos sindicatos se ha trabajado en este año, por lo que son esos los que están cumpliendo en materia de transparencia.
Para el año venidero, comentó, se entrará a una etapa diferente con el fin de que se atiendan las obligaciones en esos organismos, toda vez que así está marcado en diferentes leyes. En la propuesta presentada a través de la Dirección de Capacitación, dijo, se definirá quiénes deben estar en el tema de atender la rendición de cuentas.
“Queremos que en enero de 2023 se corrijan todas las circunstancias que tengan que ver con sindicatos, que todos cumplan”, añadió.
A unas semanas de terminar el año, explicó que las personas han mostrado su interés en solicitudes de información asociadas a los procesos de licitación que hacen las autoridades, los salarios de quienes ostentan un cargo público y de qué manera se gastan los recursos del pueblo.
