Los partidos políticos deben tener una actitud de cero tolerancia para los actos que impliquen una violencia política en razón de género, ya que por su naturaleza jurídica son el escaparate a disposición de la ciudadanía para canalizar y transmitir los intereses y las demandas de una población, para que sean consideradas en la toma de decisiones.
Lo anterior lo manifestó la diputada local Patricia Mass Lazos durante su participación en el foro virtual “Partidos políticos y la violencia política en razón de género: retos 2021”, en el que participaron mujeres representantes de diversos partidos políticos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
La legisladora enfatizó que los institutos políticos posibilitan la participación de la población en un proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político; en ese sentido, aquellos que permitan conductas que violenten el principio de equidad de los géneros atentan con su génesis.
Manifestó que en la medida en que los partidos políticos dispongan parte de sus recursos económicos para realizar actividades que sean tendentes a sensibilizar a sus líderes y cuadros militantes, será un paso para poder combatir y erradicar la violencia política en razón de género.
Por otra parte, Alejandra Soriano, miembro de la Red por la Paridad Efectiva de Chiapas (REPARE), comentó que son varios factores que inciden de forma negativa en la participación de las mujeres en la vida política.
Entre ellos están los sociales y culturales, en referencia a las reglas sociales que prescriben los roles de los hombres y las mujeres deben tener. Desde pequeños a ellos se les enseña que pueden desempeñar acciones de liderazgo, mientras que a ellas se les inculca los roles de la crianza y del cuidado del hogar. Actitudes que refuerzan la subordinación femenina.
La parte económica juega un factor fundamental, en el sentido de que las mujeres frente a los hombres tienen limitadas oportunidades económicas. Desafortunadamente hay un alto índice de mujeres en desempleo o subempleadas, que las lleva a priorizar el sustento de sus familias sobre otras metas.
El acceso de las mujeres a la propiedad es algo que limita frente a la parte política; y el control masculino en la toma de decisiones respecto a los bienes, también juega en contra de ellas.
Así también el aspecto educativo, ante un limitado marco que prevenga la violencia contra las mujeres desde la niñez, se requiere impulsar una cultura diferente sobre los roles en todos los entornos.
Otro factor es la falta de sanciones reales que derivan en un marco de impunidad para perpetradores de la violencia, partidos políticos, instituciones, medios de comunicación; no basta con establecer una ley, hace falta una cultura de cumplimiento de la ley. Hay una baja conciencia de los servidores públicos encargados de ello.
Es necesario trabajar en varios aspectos para lograr una real erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas. Chiapas es un estado con alta marginación, con altos índices de pobreza, y quienes más lo padecen principalmente son las mujeres, y dentro de ellas las indígenas.
Esto es una desventaja frente a la participación de las mujeres en la vida política frente a los hombres, la cual incide en los casos que logran llegar a un puesto público, ya que muchas no pueden ejercerlo de manera efectiva, precisamente por las características sociales, culturales, familiares, que no confían en las mujeres al frente de una responsabilidad de ese grado.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Sofía Ruiz Olvera, recordó que recientemente en Chiapas se reformó la Constitución Política, además de que se expidieron diversas leyes que la armonizan con las leyes federales en materia de violencia política en razón de género, lo que representa un importante logro en el trabajo legislativo.
Sin embargo, destacó que esto no es una solución por sí sola a la compleja problemática imperante en este tema, ya que como se ha señalado en múltiples ocasiones, la violencia política contra las mujeres es de cumplimiento de normas pero también de voluntad política y de conciencia social.
Es importante que existan temas comunes en las agendas de los partidos políticos, lo cual ya se vio reflejado en el consenso de la legislatura federal y varias locales. Ahora el reto es visualizar los retos que enfrentarán en la próxima contienda electoral, que debe permitir erradicar la violencia política en razón de género.
Esto permitirá que los institutos políticos establezcan estrategias bien definidas para atender los posibles brotes de violencia contra las mujeres, que pudieran presentarse durante el desarrollo del proceso electoral venidero. Su tarea fundamental es contribuir a una participación activa de las mujeres en la vida democrática.
