El hecho de que los diputados locales aprobaran la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos para el 2018, constituye una situación que confronta directamente a la Constitución y los tiempos para hacer modificaciones electorales ya concluyeron, puntualizó Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito 09 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas.
En ese sentido, comentó, se tratan de prerrogativas que no pueden ser modificadas a menos que también se cambien algunos aspectos de la Constitución; no obstante, cualquier modificación se debió realizar 90 días antes de iniciar el proceso electoral.
Mencionó que, en el caso del posicionamiento de los partidos políticos a nivel nacional, es que el recurso que les fue otorgado para este 2017 (que ya fue aprobado) se destine a las personas que resultaron dañadas por los diferentes sismos, acción que es viable y legal. “Hay dos tipos de financiamientos, el ordinario y para campañas electorales”, agregó.
Consecuencias
Lastra Everardo puntualizó que, tomando en cuenta los aspectos antes señalados, la decisión que tomaron los diputados locales este domingo en el Congreso del Estado, puede ser impugnada por cualquiera de los interesados, a través de una acción de inconstitucionalidad que deberá presentarse en un máximo de 30 días; de lo contrario, la Ley continuará vigente.
“Es importante que una acción de inconstitucionalidad solamente la pueden promover los partidos políticos, como ciudadanos no podemos promover ese tipo de acciones (…), porque se trata de situaciones que están, en un momento dado, en situación de confrontación directa con lo que establece la Carta Magna”, explicó.
El vocal del INE en Chiapas, aclaró que los partidos políticos pueden regresar los recursos económicos en su totalidad o en porcentajes, pero solamente con los caminos establecidos, es decir, devolver el dinero -al nivel local-, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), para que el Órgano Local lo ponga a disposición de Hacienda y se canalice a acciones de reconstrucción, pero debe ser solamente el recurso de este 2017.
Dinero no entregado
A esta controversia, se suma la problemática que fue ventilada en los medios de comunicación, donde el IEPC interpuso un recurso a la Secretaría de Hacienda, porque las prerrogativas para este año a los partidos políticos, tampoco se han entregado en su totalidad. “Sí sería una situación que en un momento dado podría abonar en el sentido de complicar más el proceso electoral”, complementó.
Recordó que el financiamiento público existe con la finalidad de que no haya dinero que ponga en peligro la voluntad de las personas que salgan electas, es decir, que no ejerzan influencias sobre algún funcionario que llegue al cargo.
Riesgos políticos
“Quitar el financiamiento público de forma completa a los partidos políticos considero que sería un riesgo muy grande, se tendría que hacer un análisis muy cuidadoso respecto a cuáles son las necesidades que tienen los partidos de manera real”, complementó.
Finalmente, el vocal del INE en Chiapas opinó que quitar por completo el recurso para campañas electorales en el 2018, también le pegará de manera directa a las personas independientes que deseen participar en el proceso, porque no tendrán recursos suficientes para promover su imagen y tampoco cuentan con una estructura política.
