A una semana del primer informe del presidente Felipe Calderón no sólo el Ejecutivo es evaluado, también los representantes partidistas en el legislativo. Una encuesta de IPSOS-BIMSA confirma filias y fobias sociales al respecto. PAN y PRD resultan los antagonistas más evidentes, con preferencias divididas, más un PRI que está cerca, que sabe ganar gubernaturas, pero sin poner en riesgo de momento la hegemonía de los dos primeros en materia federal. Esto revela que nadie puede quedarse atrás en su obligación de trabajar responsablemente por granjearse el favor de sus potenciales electores, pues estos son cada vez más volátiles.
De acuerdo con el estudio, la imagen positiva de los partidos es descendente, siendo el PRD quien concentra mayor reprobación ciudadana.
El mensaje es claro: hay que fortalecer el sistema político, la democracia representativa y la imagen de las agrupaciones políticas, porque eso es lo que está pidiendo la sociedad al manifestar sus preferencias y rechazos.
La responsabilidad es pareja, desde el partido en el poder, hasta quienes como el PRD y el PRI concentran tercios importantes del electorado y no le pueden fallar a una sociedad que espera de ellos resultados, trabajo legislativo y sobre todo acuerdos. Las encuestas no reflejan que los ciudadanos prefieran desconocimiento de los contrarios, vocación por la violencia o parálisis nacional.
Por eso será importante que los partidos, tanto en el seno del IFE, como del Congreso, avancen seriamente en la reforma del Estado y más concretamente en la reforma electoral, que es urgente en tanto que definirá las nuevas modalidades del arreglo político institucional, las futuras elecciones y garantizará legitimidad plena a las autoridades emanadas de las urnas.
Hay consenso en ámbitos partidistas, gubernamentales y académicos sobre la orientación que deberán tener las reformas, pues aspectos incontrovertibles de nuestro modelo electoral deben ser cambiados. Según trabajos elaborados por el CIDE e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que pondrán a consideración de los legisladores.
Las propuestas de dicha investigación, que reflejan opiniones de la sociedad, versan en temas como reducir los tiempos y costos de las campanas políticas, elevar la calidad en la educación, disminuir el número de integrantes del Congreso, transparentar los partidos y reformar el juicio de amparo. Asimismo, se pronuncian porque se le confiera a la ciudadanía facultades para presentar iniciativas de ley (iniciativa popular) y para remover a autoridades ineficientes o corruptas (revocación de mandato).
Todo esto debe ser analizado y consensuado. No hay nada en ello que lesione la dignidad de los partidos políticos o sus dirigencias. Negociar de buena fe los grandes problemas nacionales debe ser vocación de los partidos, pero también aportar en la construcción de un ambiente político que facilite esa negociación. Justo ahí se inserta el Primer Informe de Gobierno en puerta, una oportunidad para que los grupos antagónicos demuestren que más allá de los actos protocolarios, pueden ponerse de acuerdo. (El Universal).
