Según la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión, en cuyos contenidos se identifique violencia contra las mujeres en razón de género.
Cuando se acredite violencia política en razón de género en contra de una o varias mujeres, el Consejo General ordenará que se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión, del partido político de la persona infractora, quien deberá ofrecer una disculpa pública para reparar el daño.
Esto lo dio a conocer Liliana Martínez Arévalo, jefa del Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos, durante el curso en línea “Tiempo de radio y televisión para partidos políticos y candidaturas independientes”, organizado por el IEPC con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática del estado.
La consejera electoral, Sofía Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, comentó que desde el 2006 a fin de regular la equidad en la contienda electoral se empezaron a definir los tiempos de radio y televisión entre los partidos políticos y las autoridades electorales, como son el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
En una reforma constitucional se le otorgó al INE la administración de tiempos de radio y televisión, estableciendo un nuevo modelo de comunicación política, por el cual se restringió el uso de recursos privados para la compra de los tiempos.
Al respecto, Gabriela Maza Sarmiento, técnica en Prerrogativas y Partidos Políticos, indicó que de acuerdo al modelo de comunicación política, el INE se convirtió en el administrador único, exclusivo a nivel nacional, de los tiempos que recibe el Estado como contraprestación por el usufructo del espacio radio-electrónico concesionado a la industria de la radio y televisión.
Explicó que cumplir con las disposiciones constitucionales supuso diseñar una solución tecnológica, inexistente en el mercado, e imaginar los procedimientos técnicos y reglamentarios que permitieran dar certeza a los partidos políticos y a la industria, de la forma en que se cumple la transmisión de los tiempos pautados por la autoridad electoral.
Se construyeron mapas de cobertura a nivel nacional y se confeccionó un catálogo de concesionarios de radio y televisión, elaborándose un reglamento para evitar arbitrariedades y contribuir a que todos los actores políticos conocieran las reglas del nuevo modelo a las que se estarían sometiendo.
Entre 2008 y 2009 se configuró el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (Siate) en la Radio y la Televisión, el cual inició operaciones en los comicios federales de 2009.
El 10 de febrero de 2014 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de política electoral; eliminó los programas mensuales de cinco minutos e incluyó a las candidaturas independientes entre los actores políticos que tienen acceso a prerrogativas durante las campañas electorales.
Martínez Arévalo apuntó que en la administración de los tiempos se utilizó el mismo lineamiento del financiamiento público, es decir, que el 30 por ciento de los espacios, 48 minutos diarios que tiene el INE para administrar, será igual para todos los partidos políticos y el 70 restante tiene que ver con el resultado de la última elección de diputados federales o locales.
Para fines electorales, el INE administra los tiempos que correspondan a cada estado, en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura del estado.
En las entidades que se trate, durante los periodos de las precampañas políticas, el INE distribuirá por medio de los Oples, 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, de los cuales 30 serán para partidos políticos y 18 para el instituto y otras autoridades electorales.
